Un informe solicitado por la Xunta de Galicia ha revelado que la transferencia de la autopista AP-9 a la Comunidad Autónoma tendría un costo aproximado de 526 millones de euros, mientras que el rescate para garantizar su gratuidad oscilaría entre los 1.612 y 2.355 millones de euros. El análisis, elaborado por una empresa independiente, examina dos escenarios principales: la transferencia de la titularidad y la posibilidad de rescatar la autopista para eliminar el peaje.

En el primer escenario, la transferencia de la titularidad de la AP-9 a la Xunta de Galicia, según la proposición de Ley en tramitación en el Congreso, no implicaría un costo directo, pero los incrementos en las bonificaciones necesarias generarían un gasto adicional de algo más de 526 millones de euros. Por otro lado, el rescate de la autopista para hacerla gratuita tendría un costo considerablemente mayor, con una estimación que varía entre 1.612 y 2.355 millones de euros, dependiendo de diversos factores.

La conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, destacó que las cifras presentadas en este estudio difieren significativamente de las estimaciones ofrecidas por el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien había sugerido que los costos podrían oscilar entre 2.000 y 6.000 millones de euros. La Xunta ha criticado la falta de claridad por parte del Ministerio y encargó este estudio para contar con una evaluación más precisa de los costos reales.

Desde 2009, la Xunta ha insistido en la transferencia de la autopista AP-9 a la Comunidad Autónoma, una reivindicación que ha sido aprobada por unanimidad en cuatro ocasiones por el Parlamento gallego. En junio de 2024, el Congreso aceptó por tercera vez la discusión sobre el traspaso de la gestión de la infraestructura.

María Martínez Allegue afirmó que la Xunta continuará exigiendo el cumplimiento de los compromisos adquiridos tanto por el PSOE como por el BNG, que incluyen la gratuidad total de la AP-9, así como la de la autopista AP-53 entre Santiago y Lalín. Además, la Xunta subrayó su compromiso con asegurar que se respeten los acuerdos y se obtengan los recursos necesarios para la correcta gestión y financiación de la autopista.