Desde la creación de la primera Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Estocolmo en 1996, Europa ha visto cómo se multiplicaban estas áreas restringidas, diseñadas para reducir la contaminación en las ciudades. Actualmente, más de 320 ZBE están activas en la Unión Europea, y se espera que esta cifra aumente a 507 para 2025. Estas zonas, que limitan el acceso a los vehículos más contaminantes, han sido aclamadas como una solución efectiva para mejorar la calidad del aire y reducir los riesgos ambientales. Sin embargo, detrás de las cifras alentadoras, surge una pregunta cada vez más presente: ¿a qué coste social y económico se están implementando?

Impactos ambientales y desigualdad social

Las ZBE han demostrado ser una herramienta eficaz para reducir los niveles de contaminación en los centros urbanos. Al prohibir la circulación de vehículos que no cumplen con los estándares de emisiones, estas zonas generan una disminución notable de las partículas contaminantes, mejorando así la calidad del aire en áreas densamente pobladas. Londres y Barcelona, dos de las ciudades que lideran esta iniciativa, han reportado mejoras en los niveles de NO2 y partículas PM10, elementos clave en la contaminación del aire.

No obstante, los beneficios medioambientales no cuentan toda la historia. Los detractores señalan que estas medidas pueden aumentar la desigualdad social. Según datos de la DGT en España, un 29% del parque automovilístico no tiene distintivo ambiental, lo que significa que estos vehículos no pueden circular por las ZBE. Este porcentaje está compuesto, en gran parte, por los automóviles más antiguos, propiedad de personas y familias de ingresos más bajos, que no pueden permitirse la compra de un coche nuevo con etiqueta 0 o ECO. En contraste, las empresas de renting y los grandes operadores de flotas, como Arval, disfrutan de una mayor proporción de vehículos eléctricos o híbridos, con hasta un 50% de su flota adaptada a las normativas ecológicas.

¿Una transición justa?

Los críticos argumentan que las ZBE están castigando desproporcionadamente a las personas con menos recursos. Las familias de ingresos bajos o moderados, que no pueden permitirse vehículos eléctricos o híbridos, se ven obligadas a renunciar al acceso a zonas urbanas esenciales, lo que podría dificultarles llegar al trabajo, a los servicios médicos o a sus actividades cotidianas. Este impacto se siente aún más en áreas metropolitanas como Barcelona, donde el acceso a los centros urbanos es fundamental para una gran parte de la población.

A esto se suma el problema de las pequeñas y medianas empresas, que también se ven afectadas por la prohibición de circular en estas áreas con vehículos más contaminantes. Mientras que las grandes corporaciones pueden adaptarse más fácilmente a las exigencias de las ZBE, las pequeñas empresas tienen menos margen de maniobra, y la transición a flotas limpias puede resultarles financieramente inviable.

El desafío de la infraestructura

Para que las ZBE sean efectivas y equitativas, también se requiere una infraestructura adecuada. El Arval Mobility Observatory, una plataforma de investigación sobre movilidad y gestión de flotas, ha señalado que la expansión de las ZBE debe ir acompañada de una mejora significativa en las opciones de transporte público y en la infraestructura de recarga para vehículos eléctricos. De lo contrario, se corre el riesgo de que las zonas de bajas emisiones se conviertan en áreas inaccesibles para una parte considerable de la población.

Londres, por ejemplo, ha invertido significativamente en su sistema de transporte público, y ofrece subsidios para la compra de vehículos eléctricos, lo que ha mitigado algunos de los impactos negativos. Sin embargo, en muchas otras ciudades europeas, la infraestructura todavía está lejos de estar a la altura de las necesidades de una movilidad sostenible, y las alternativas al coche privado son limitadas o insuficientes.

Perspectivas futuras

A medida que más ciudades europeas se suman a la creación de ZBE, la necesidad de equilibrar los beneficios medioambientales con las repercusiones sociales se vuelve cada vez más urgente. Es indiscutible que las ZBE pueden mejorar la calidad del aire y mitigar el cambio climático, pero las políticas que las acompañan deben ser más inclusivas y contemplar mecanismos de compensación para los grupos más vulnerables.

En el futuro, las ZBE podrían beneficiarse de programas de incentivos más amplios que permitan a las personas con menos recursos acceder a vehículos menos contaminantes. También es crucial que los responsables políticos fortalezcan el transporte público y proporcionen alternativas viables para quienes no pueden cumplir con las estrictas normativas de emisiones.

En última instancia, el éxito de las ZBE no solo se medirá por la reducción de la contaminación, sino también por su capacidad para integrarse en un sistema de movilidad que sea accesible para todos. Europa debe plantearse si quiere una ciudad más limpia a costa de una mayor desigualdad social o si puede encontrar una manera de hacer que la transición hacia la sostenibilidad sea justa para todos.