El presidente de la Comunidad de Montes Santa Mariña de Cabral, y otras dos personas se sentarán en el banquillo de los acusados el próximo 18 de septiembre en el Juzgado de lo Penal número uno de Vigo. Los tres están acusados de un delito contra la ordenación del territorio debido a la construcción ilegal de un galpón en el corredor natural del río Lagares.

El fiscal solicita para L. R, y los otros dos imputados penas de un año y tres meses de prisión, además de quince meses de inhabilitación especial para actividades de construcción o promoción inmobiliaria. También reclama una multa de 4.500 euros, la demolición del galpón y la restauración del terreno a su estado original.

Los hechos se remontan al año 2014, cuando comenzaron las obras de construcción sin licencia. Tras una denuncia vecinal, la Policía Local ordenó la paralización de las mismas, pero en 2016 una inspección municipal reveló que se habían reanudado. Para el verano de 2017, el galpón estaba terminado, conectándose a una edificación preexistente.

Ante la ilegalidad de las obras, el Ayuntamiento de Vigo tramitó un expediente que fue enviado a la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística (APLU), que determinó la necesidad de demoler la construcción. Según fuentes cercanas al caso, en las últimas semanas se ha intentado demoler la estructura para reducir el impacto de una posible condena en el juicio que tendrá lugar el próximo miércoles.

Este proceso judicial llega en un momento crítico para la junta directiva de la Comunidad de Montes de Cabral. Rodríguez ha propuesto que sea la propia comunidad quien asuma los costos de los diversos procesos judiciales que enfrenta debido a su gestión.

Además, la Plataforma Gallega de Afectados por las Comunidades de Montes señala que la situación del presidente es cada vez más delicada, con múltiples causas abiertas que incluyen acusaciones de saqueo de parcelas privadas e industriales. También se ha dado a conocer recientemente otro procedimiento penal por un delito medioambiental relacionado con obras realizadas cerca del nacimiento del río Lagares, lo que ha llevado a la imposición de una sanción de casi 100.000 euros por parte de la Dirección General de Patrimonio Natural de la Xunta de Galicia.