Galicia
Investigados "por defender" a un ciudadano sancionado por solicitar atención en gallego
El Juzgado de Padrón está investigando al presidente de la Mesa por la Normalización Lingüística, Marcos Maceira, y a la tiktoker Sara Seco, tras una denuncia por injurias presentada por la Policía Local de Rianxo. La denuncia se originó a raíz de la difusión de una sentencia judicial que no consideraba probada la "alteración grave de la seguridad ciudadana" y que reducía la sanción impuesta a un ciudadano de la localidad por solicitar atención en gallego en su centro de salud.
A pesar de la falta de detalles adicionales, los investigados han expresado sentirse "muy tranquilos" y aseguran que sus declaraciones públicas y privadas sobre la actuación de la policía de Rianxo se basan en la literalidad de la denuncia policial. Esta denuncia indica que el ciudadano se molestó "solo por decirle que el personal sanitario no tenía obligación de hablarle en gallego" y recoge que una empleada del centro de salud admitió haberse negado a atender al ciudadano en gallego. Maceira y Seco esperan que la investigación clarifique por qué la Policía de Rianxo informó al ciudadano que no tenía derecho a solicitar atención en gallego.
La Mesa considera "intolerable que cualquier fuerza pública, incluida la policía de Rianxo, desconozca o ignore la legislación sobre derechos lingüísticos y no proporcione información veraz a los ciudadanos". También considera "alarmante que el Ministerio del Interior, la Consellería de Presidencia de la Xunta y la Delegación del Gobierno permitan estas prácticas sin intervenir". La Mesa ya ha instado al Delegado del Gobierno a "tomar medidas" y a formar a los cuerpos policiales en derechos lingüísticos.

El Juzgado de Padrón está investigando al presidente de la Mesa por la Normalización Lingüística, Marcos Maceira, y a la tiktoker Sara Seco, tras una denuncia por injurias presentada por la Policía Local de Rianxo. La denuncia se originó a raíz de la difusión de una sentencia judicial que no consideraba probada la "alteración grave de la seguridad ciudadana" y que reducía la sanción impuesta a un ciudadano de la localidad por solicitar atención en gallego en su centro de salud.
A pesar de la falta de detalles adicionales, los investigados han expresado sentirse "muy tranquilos" y aseguran que sus declaraciones públicas y privadas sobre la actuación de la policía de Rianxo se basan en la literalidad de la denuncia policial. Esta denuncia indica que el ciudadano se molestó "solo por decirle que el personal sanitario no tenía obligación de hablarle en gallego" y recoge que una empleada del centro de salud admitió haberse negado a atender al ciudadano en gallego. Maceira y Seco esperan que la investigación clarifique por qué la Policía de Rianxo informó al ciudadano que no tenía derecho a solicitar atención en gallego.
La Mesa considera "intolerable que cualquier fuerza pública, incluida la policía de Rianxo, desconozca o ignore la legislación sobre derechos lingüísticos y no proporcione información veraz a los ciudadanos". También considera "alarmante que el Ministerio del Interior, la Consellería de Presidencia de la Xunta y la Delegación del Gobierno permitan estas prácticas sin intervenir". La Mesa ya ha instado al Delegado del Gobierno a "tomar medidas" y a formar a los cuerpos policiales en derechos lingüísticos.































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