La Xunta de Galicia ha expresado su firme rechazo a la propuesta inicial del Gobierno central sobre el traspaso de la gestión del litoral, alegando que esta limita su capacidad para otorgar concesiones y mantiene injerencias estatales en un ámbito que considera de su exclusiva competencia. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció que se comunicará de inmediato al Gobierno su desacuerdo con la propuesta, que, según argumenta, ignora la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que avala la Ley de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia (Loxilga).

Este rechazo se produce una semana después de que el Ministerio de Política Territorial enviara un borrador de acuerdo para el traspaso. Tras un análisis exhaustivo, el Consello de la Xunta concluyó que no puede aceptar una propuesta que desatiende el nuevo marco jurídico establecido por la Loxilga y la correspondiente sentencia del Constitucional, que reconoce las competencias gallegas en la materia.

Puntos de discrepancia

Los puntos de conflicto son claros. Rueda indicó que el Estado propone reservar la gestión de ciertos títulos de ocupación, sin especificar cuáles, a pesar de que esta facultad corresponde exclusivamente a la Comunidad gallega. Además, el borrador exige un informe vinculante del Estado cada vez que la Xunta desee otorgar una concesión para obras en el dominio público marítimo-terrestre (DPMT), un requisito que, según Rueda, representa una clara intromisión en las competencias autonómicas.

El presidente también resaltó que el documento no concreta los medios ni el personal que se transferiría a Galicia, ni proporciona información sobre la financiación necesaria. Por ello, la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático notificará hoy mismo al Ministerio su negativa a aceptar este borrador.

Un contexto histórico

Es importante recordar que esta propuesta llega casi seis meses después de que el Tribunal Constitucional respaldara la legislación gallega, permitiendo así la aplicación de la Loxilga tras el recurso presentado por el Gobierno central. En este sentido, la transferencia de las funciones y servicios del Ministerio es esencial para continuar con el desarrollo de la ley, que tiene como objetivo gestionar de manera integrada y sostenible el litoral gallego.

Rueda subrayó: "Reclamamos para Galicia lo que a Galicia le corresponde". En este sentido, una vez que la Xunta reciba el traspaso formal de los medios necesarios para asumir directamente todas sus competencias en la gestión del litoral, se compromete a iniciar de inmediato la elaboración de informes y títulos relacionados con esta gestión, con la vista puesta en enero de 2025.

La creación de una comisión interdepartamental

La reunión constitutiva de la Comisión interdepartamental de coordinación de la ordenación del litoral, celebrada el 9 de octubre, fue uno de los puntos clave para avanzar en la aplicación de la Loxilga. Esta comisión será responsable de supervisar la creación y ejecución de los instrumentos de ordenación que aseguren una gestión sostenible del litoral, en colaboración con universidades, organismos científicos y entidades ambientales.

Con la aprobación de la Loxilga, Galicia se convierte en la primera comunidad autónoma de España en regular de forma integral su franja costera, abarcando tanto el mar como la tierra. La ley establece una nueva zonificación del litoral y un marco jurídico que busca equilibrar la conservación del medio ambiente con el desarrollo económico, beneficiando a un sector que genera unos 9.000 millones de euros anuales y da empleo a aproximadamente 40.000 personas.

La Xunta está decidida a asumir la plena gestión de sus competencias en el litoral, un proceso que comenzó hace casi 40 años. En este contexto, Rueda concluyó que es fundamental avanzar en un acuerdo que respete las competencias gallegas y asegure un desarrollo sostenible de los recursos costeros.