El Consejo de Ministros ha dado un paso adelante en la regulación de los alquileres de corta duración con la aprobación de un nuevo decreto que establece un marco más estricto para controlar este tipo de arrendamientos. La normativa incluye la creación de un registro digital obligatorio, donde deberán inscribirse todas las viviendas destinadas a alquileres temporales, turísticos o de habitación. Este sistema busca garantizar el cumplimiento de las normativas locales, ofreciendo más seguridad jurídica y transparencia tanto para propietarios como para inquilinos.
Registro único y control del fraude
Uno de los pilares de la nueva normativa es el Portelo Único Digital, una plataforma que centralizará toda la información sobre los inmuebles de corta estancia. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, explicó que este registro será un requisito indispensable para que los propietarios puedan comercializar sus viviendas a través de plataformas digitales o agencias, permitiendo que las autoridades verifiquen el cumplimiento de las regulaciones establecidas.
El procedimiento de registro se llevará a cabo en colaboración con el Registro de la Propiedad, lo que aportará garantías adicionales al proceso. Las viviendas que no estén debidamente inscritas no podrán ser ofertadas en el mercado, con el objetivo de acabar con las prácticas ilegales y asegurar que las normas sobre licencias, ordenanzas municipales y convivencias en comunidades de vecinos se respeten.
Rodríguez subrayó que esta medida está diseñada para "perseguir el fraude y proteger a quienes necesitan estos alojamientos de forma legal", haciendo hincapié en la creciente preocupación por los alojamientos turísticos ilegales, que han alterado significativamente el mercado inmobiliario en muchas zonas del país.
Conexión con el registro europeo y protección del acceso a la vivienda
Otro de los elementos claves del decreto es que el registro nacional de alquileres de corta duración estará conectado con el Portelo Único Europeo, que entrará en funcionamiento en 2026. De esta forma, se garantizará que las normativas a nivel comunitario también se respeten en España, contribuyendo a la creación de un mercado de alquileres más homogéneo y regulado en toda la Unión Europea.
La ministra enfatizó que esta nueva regulación es parte de una estrategia más amplia del Gobierno para hacer frente a los problemas del mercado de la vivienda, especialmente en áreas con alta demanda turística. "La única tensión que me preocupa es el precio del alquiler", afirmó Rodríguez, insistiendo en que su principal prioridad es aliviar la presión que sufren miles de personas para acceder a una vivienda.
Además de este decreto, el Gobierno aprobó la distribución territorial de 200 millones de euros destinados a la tercera edición del Bono Alquiler Joven, que tiene como objetivo facilitar el acceso de los jóvenes a una vivienda digna. Rodríguez destacó que se seguirán adoptando más medidas en este ámbito, ya que el Gobierno no va a cesar en su empeño por ofrecer soluciones efectivas al problema habitacional que afecta a muchas personas en el país.
Tensiones políticas sobre la gestión del alquiler
A pesar de las críticas por parte de algunos sectores políticos, Rodríguez evitó entrar en confrontaciones, especialmente con el partido Sumar, socio del Gobierno, que ha cuestionado algunas de las políticas en materia de vivienda. En este sentido, la ministra defendió que el bono de alquiler juvenil forma parte del acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar, y reiteró su compromiso con la ejecución de este tipo de políticas que, en su opinión, son fundamentales para abordar la crisis del alquiler.
Rodríguez también apuntó que, aunque puedan existir diferencias, "si tengo que confrontar con alguien, será con aquellos que defienden el libre mercado y el sálvese quien pueda", en referencia a las posturas más liberales que han propuesto una desregulación del mercado de la vivienda.
Comparecencia en el Congreso
En este contexto, la ministra de Vivienda comparecerá ante el Congreso la próxima semana para rendir cuentas sobre su gestión. Esta intervención ha sido solicitada por varios grupos parlamentarios, entre ellos Esquerra Republicana, EH Bildu y el BNG, que han criticado la "falta de medidas" concretas para facilitar el acceso a la vivienda.
En respuesta, Isabel Rodríguez defenderá las actuaciones llevadas a cabo por su Ministerio, subrayando que el desarrollo del decreto y la implementación de nuevas iniciativas son pasos clave para resolver los desafíos actuales. Además, recalcó que tanto el PSOE como Sumar suscribieron un acuerdo de gobierno que incluye el bono de alquiler y la puesta en marcha de políticas más eficaces dentro del marco de la Ley de Vivienda.
Esta comparecencia promete ser un momento clave para debatir las políticas en torno al "problema habitacional" que afecta al país, con voces a favor y en contra de las medidas que se han tomado hasta ahora.
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