El Levante español se enfrenta a la peor catástrofe de la historia de España, con proporciones nacionales tras las últimas inundaciones causadas por la DANA, dejando a su paso un rastro de destrucción y un sentimiento de abandono que clama por respuestas. En medio de la tragedia la ausencia de una respuesta ágil  y contundente del Gobierno de España han dado pie a una creciente indignación: "Si quieren ayuda, que la pidan" parece haber sido el mensaje de un Estado que ha mirado hacia otro lado, dejando a las comunidades afectadas prácticamente desamparadas durante las primeras 24 horas y dependiendo de sus propios recursos y voluntarios sin formación específica.

La tardanza en la intervención resulta chocante, especialmente cuando se compara con la rapidez con la que se ofreció ayuda a Marruecos tras el reciente terremoto: en menos de 24 horas, medios españoles se desplegaron en el país vecino "porque las primeras 24 horas son cruciales para la supervivencia de los afectados", según declaró el propio Gobierno. Sin embargo, la ayuda efectiva en el Levante tardó cinco días en materializarse y, aún hoy, los recursos siguen siendo insuficientes ante la magnitud de la catástrofe.

España dispone de un ejército de aproximadamente 120.000 soldados y un impresionante arsenal de maquinaria y equipos de emergencia, incluidos generadores capaces de abastecer ciudades, plantas potabilizadoras, hospitales de campaña y equipo pesado como palas y camiones. Helicópteros, buques, aviones de carga… No obstante, la orden de desplegar estos recursos se hizo esperar, relegando a las zonas afectadas a un limbo de inacción en el que solo el esfuerzo heroico de voluntarios y ciudadanos ha tratado de paliar los daños.

La falta de coordinación ha sido evidente, y la tardía actuación del Gobierno solo ha puesto de manifiesto la necesidad urgente de un protocolo claro que garantice que, en futuras catástrofes, los recursos estatales respondan de manera inmediata. La respuesta no debería depender de una solicitud formal de ayuda: el sentido común y la responsabilidad estatal deberían ser suficientes para actuar en un momento en el que miles de familias han perdido sus hogares y medios de vida.

Es evidente que los voluntarios, pese a su buena voluntad, no pueden sustituir el trabajo coordinado de profesionales capacitados para actuar en este tipo de desastres. Algunos, incluso, han sufrido intoxicaciones graves debido a la falta de preparación y a la exposición a ambientes contaminados. Esto demuestra, una vez más, que la ayuda en catástrofes requiere de una intervención profesional y organizada, donde el Estado disponga de medios y personal especializado que permita llevar a cabo labores de rescate y limpieza de forma segura y efectiva.

Los ciudadanos esperan de sus dirigentes respuestas y acciones, no excusas. En una tragedia de este calibre, el Ejército y los todos recursos de emergencia deben estar al servicio de la población sin necesidad de que nadie "pida ayuda".