La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha anunciado hoy que los promotores eólicos en Galicia deberán suministrar, como mínimo, el 50% de la energía producida a las empresas gallegas a un precio estable y competitivo. Esta medida garantizará que dicha proporción de la energía generada permanezca en Galicia y se mantenga al margen de las fluctuaciones del precio del gas.

Así lo avanzó en su comparecencia en el Pleno del Parlamento, donde informó sobre las líneas estratégicas de su departamento en materia energética e industrial. En este contexto, destacó el papel que desempeñará RDG Comercializadora Galega de Enerxía en la democratización de los PPA (contratos de compraventa de energía a largo plazo) para las pymes gallegas y en la oferta de electricidad más económica a los vecinos de las áreas cercanas a los parques donde la sociedad Recursos de Galicia (RDG) participe.

Junto a esta medida, citó la actualización del Plan sectorial eólico de Galicia, tras veinte años de vigencia y tras alcanzar los 6.500 MW establecidos entre parques en funcionamiento y autorizados. Este plan, que también forma parte de otros instrumentos de apoyo al mapa industrial de Galicia, cuenta con un presupuesto total de 1,2 millones de euros para el próximo ejercicio.

Otra de las acciones destacadas es la repotenciación de los parques con aerogeneradores más antiguos. Se trata de unos 100 parques que cuentan con aproximadamente 3.000 aerogeneradores que cumplirán 25 años en los próximos cinco años. Según precisó, estos deberán ser repotenciados en los próximos cinco años tras un período de moratoria de 18 meses. En un plazo de ocho años, subrayó, el número de aerogeneradores en la paisajística gallega se reducirá a unos 600, lo que implica un 80% menos. Además, y en coherencia con estas repotenciaciones, la Xunta reformulará el canon eólico, actualizándolo no solo en función del número de aerogeneradores, sino también considerando la altura de cada uno.

Estas medidas buscan reducir el impacto ambiental de las instalaciones, alineándose con los principios de la Ley de recursos naturales de Galicia y los objetivos de la Unión Europea en materia de descarbonización, competitividad, seguridad de abastecimiento y sostenibilidad. "Compartimos objetivos con la política europea, como son garantizar el funcionamiento del mercado energético y un suministro energético seguro en la Unión; promover la eficiencia y el ahorro energético; desarrollar energías renovables e interconectar las redes energéticas, así como fomentar la autosuficiencia en minerales críticos", afirmó.

Convocatoria de los concursos de derechos mineros

En este sentido, concretó que otra de las líneas estratégicas de su departamento para la legislatura será, tal como estipula la Ley de recursos naturales, la convocatoria de concursos para los derechos mineros caducados. Galicia representa el 8,2% de la producción minera en España, con un valor superior a los 282 millones de euros. Al respecto, avanzó que la Xunta prevé convocar, a finales de este año, 60 derechos mineros en las cuatro provincias (permisos de investigación), dando prioridad a materias primas críticas y minerales estratégicos.

Según explicó, ya se han realizado los análisis previos y se ha elaborado una lista de todos los derechos mineros caducados (permisos de exploración, permisos de investigación, concesiones directas de explotación, concesiones de explotación). Se ha realizado un análisis preliminar sobre los derechos que es necesario incluir en la convocatoria del concurso, teniendo en cuenta aspectos como el tipo de derecho minero, el recurso y la existencia de solicitudes previas.

En lo que respecta al sector forestal, destacó la creación de un mercado voluntario de créditos de carbono, regulado por la Ley de recursos naturales de Galicia, para que empresas y ciudadanos puedan compensar sus emisiones de CO₂ y contribuir así a la neutralidad climática, financiando proyectos sostenibles que persigan estos objetivos. También se fomentará el uso de la madera a través de estas compensaciones.

Política industrial: junto a los sectores estratégicos

Lorenzana defendió una política industrial basada en trabajar con los sectores industriales para reforzar las debilidades de las diferentes industrias y ampliar sus cadenas de valor; fortalecer el autoprovisionamiento con materias primas autóctonas y cerrar los ciclos productivos en Galicia; acelerar las tramitaciones administrativas de proyectos estratégicos para la comunidad, a través de la Secretaría General de Industria y Desarrollo Energético y la Oficina Económica de Galicia, dependiente del Igape; y poner a disposición rápidamente suelo empresarial para el asentamiento de la industria en Galicia.

En esta línea, recordó otras medidas contempladas en los presupuestos relacionadas con la ordenación del suelo industrial, como las nuevas figuras de Zonas de Aceleración de Proyectos Empresariales y Suelo (ZAPES) o las Zonas Industriales Rurales (ZIR) para municipios de menos de 20.000 habitantes. También mencionó la creación del Polo de innovación en energías renovables marinas y almacenamiento energético en Galicia, con su centro en el CIS Ferrol.