El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha criticado duramente la reciente subida de impuestos aprobada por el gobierno tripartito de Ponteareas, calificándola de “abusiva” y acusando al gobierno de actuar como “verdaderos carteristas” al aumentar la carga fiscal sobre los vecinos.

El portavoz del BNG, Miguel Bouzó, expresó su rechazo ante lo que consideró una maniobra para evitar la participación ciudadana, denunciando la convocatoria de un pleno extraordinario y urgente a las ocho de la mañana, anunciado solo la tarde anterior. “Están subiendo los impuestos de manera brutal y sin transparencia, tratando de que la ciudadanía apenas se dé cuenta”, afirmó Bouzó.

Según el BNG, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) subirá un 25%, generando una recaudación adicional de aproximadamente 800.000 euros anuales. Bouzó recordó que en 2009 ya se aprobó un incremento progresivo que se aplicó hasta 2019, y que fue reducido al mínimo legal cuando el Bloque llegó al gobierno. Ahora, según el portavoz, la “derecha de siempre” vuelve a imponer una subida que afectará notablemente a los ciudadanos.

La tasa de recogida de basura también experimentará un notable incremento del 85%, lo que Bouzó calificó como un “auténtico sablazo”. Como resultado, el recibo de basura para una vivienda rural pasará de 46,90 euros a 86,77, mientras que en el centro urbano el aumento será aún más notable: de 83,39 a 154,27 euros, lo que supone más de 70 euros adicionales en cada recibo.

Aunque el gobierno ha justificado esta subida en base a la ley estatal que obliga a los municipios a cubrir el coste del tratamiento de residuos, el BNG considera que el incremento del canon de residuos impuesto por SOGAMA agrava la situación. Bouzó criticó que el Partido Popular en la Xunta de Galicia haya aumentado unilateralmente el canon a los ayuntamientos, lo que, según él, ha obligado a repercutir estos costos directamente a los vecinos.

“El gobierno municipal va a cubrir un déficit que antes asumía el Ayuntamiento, pero ahora lo trasladan a los vecinos. Así liberan fondos para sus campañas de propaganda y sus caprichos, mientras que la ciudadanía pagará hasta 70 euros más en cada recibo”, concluyó Bouzó.