La reciente DANA que golpeó a Valencia dejó un panorama devastador  con más de 200 víctimas mortales, decenas de desaparecidos y a miles de personas esperando una ayuda que no llegó con la celeridad necesaria. Mientras los afectados sufrían las consecuencias de inundaciones, pérdidas humanas, materiales y servicios interrumpidos, las administraciones tardaron en movilizar recursos efectivos. Sin embargo, en cuanto el Ejército de Tierra recibió la orden de intervenir, montó un campamento logístico en Valencia en tan solo 48 horas. Este operativo fue posible gracias a la profesionalidad de la Brigada Logística (BRILOG) y el Mando de Ingenieros (MING), unidades del Mando de Apoyo a la Maniobra (MAM) con sede en A Coruña, que exportan su conocimiento y capacidad desde Galicia a cualquier lugar donde se necesiten.

Este despliegue exprés plantea una pregunta inquietante: ¿por qué no se permitió que el Ejército interviniera antes, cuando su ayuda era claramente urgente? La respuesta parece estar enredada en una maraña burocrática que, en lugar de agilizar recursos, los obstaculiza. Situaciones como esta exigen respuestas rápidas y efectivas, pero el retraso en activar a las fuerzas militares reflejó un problema de prioridades. El Ejército español, con experiencia, preparación y capacidad logística demostrada, ha dejado claro que dispone de los medios materiales y humanos necesarios para enfrentar este tipo de catástrofes.

Si en cuestión de horas pudieron levantar un campamento capaz de albergar y sostener a miles de personas, es evidente que estaban listos desde el inicio. El problema no fue una falta de capacidades, sino una ausencia de voluntad y coordinación desde los niveles administrativos más altos del Estado. Mientras los ciudadanos pedían auxilio a gritos, los protocolos frenaban la intervención. Aquí surge una pregunta legítima: ¿responden las instituciones a las necesidades reales de los ciudadanos en estos momentos de crisis?

La ayuda en situaciones críticas no debería depender de burocracias lentas ni de permisos que retrasan la acción. Las catástrofes deberían estar gestionadas por técnicos capacitados, no por decisiones políticas desde despachos que dificultan el apoyo a quienes están en peligro.

¿Por qué se dejó morir a la gente?

En este caso, la burocracia se convirtió en un freno mortal para la ayuda y demostró una irresponsabilidad inaceptable al hacer esperar a los ciudadanos por un rescate que podría haber llegado mucho antes. La intervención del Ejército muestra lo que se logra cuando los profesionales actúan sin trabas. Sin embargo, si queremos que esta rapidez y eficacia se conviertan en una constante, es urgente revisar los protocolos para activar estos recursos sin demora.

La conclusión es clara: el Ejército y otras fuerzas especializadas necesitan un rol menos condicionado por la burocracia en futuras emergencias. Solo así se evitarán situaciones como la vivida en Valencia y la ayuda llegará en el momento en que realmente se necesita.

Va a haber más DANAS, incendios y otras catástrofes, y eso es seguro. Que quienes gobiernan tomen nota: en emergencias, catástrofes o calamidades públicas, la ayuda no se pide; se ofrece desde el minuto uno, sin trabas, sin condiciones y con cero burocracia. Y quienes obstaculicen la labor de profesionales cualificados deberían ser juzgados y, si procede, condenados por omisión del deber de socorro.