La conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, lamentó  en el Parlamento gallego lo que calificó como "afán recaudatorio" del Gobierno central en materia de gestión de residuos. Vázquez señaló que las políticas fiscales impulsadas por el Ejecutivo estatal están generando un impacto negativo en las cuentas de los ayuntamientos, en los bolsillos de los ciudadanos y en las empresas gestoras de residuos.

En su intervención, la conselleira recordó que, a los impuestos establecidos en 2023, se sumará a partir del próximo 10 de abril una nueva obligación para los ayuntamientos. Esta consistirá en implementar una tasa específica y no deficitaria para los servicios de gestión de residuos, orientada hacia el pago por generación. Según Vázquez, esta medida, incluida en la Ley estatal de residuos y suelos contaminados para una economía circular, añade presión sobre las finanzas municipales y las economías familiares, sin que sea una exigencia de la normativa europea.

La conselleira criticó al Gobierno central por justificar esta nueva tasa en nombre de la sostenibilidad, cuando en realidad responde a objetivos recaudatorios. También rechazó que se culpe al canon de Sogama por las subidas en las tasas municipales, señalando que estos incrementos son consecuencia directa de las políticas fiscales estatales.

Frente a estas medidas, Vázquez destacó los esfuerzos de la Xunta para mitigar el impacto de los nuevos tributos. Explicó que el Gobierno gallego asumirá el 60% de la actualización del canon de Sogama en 2025, una medida que busca aliviar la carga económica sobre los ayuntamientos y los ciudadanos. Además, señaló que el encarecimiento de la gestión de residuos, que se estima en unos 40 euros adicionales por tonelada, está vinculado a impuestos estatales como el aplicado a la valorización de residuos, medidas ministeriales que eliminan incentivos a plantas termoeléctricas y otros gravámenes como el impuesto sobre la producción de energía.

La conselleira cuestionó la eficiencia de estas medidas, recordando que impuestos similares no se aplican en 18 países de la Unión Europea por considerarse ineficaces e improductivos. También subrayó que la gestión estatal en esta área no puede ser considerada un modelo a seguir, como demuestra el expediente de infracción abierto recientemente por la Unión Europea contra España por no cumplir con los objetivos de preparación para la reutilización y el reciclaje de residuos municipales.

Vázquez denunció que las políticas del Gobierno central generan desconfianza entre los ciudadanos y trasladan toda la responsabilidad, incluidas las consecuencias de sus errores, a la ciudadanía. En contraste, defendió la apuesta de la Xunta por apoyar a los ayuntamientos y promover la concienciación social para avanzar hacia una economía circular, impulsando el reciclaje, la reducción de residuos y su reutilización siempre que sea posible.