GALICIA
La Xunta logra que el Gobierno central rectifique y acepte las demandas gallegas sobre el litoral
La Xunta ha logrado que el Gobierno central rectifique su postura inicial sobre el traspaso de la gestión del litoral a la Comunidad Autónoma de Galicia. El Ministerio de Política Territorial incluirá finalmente las demandas gallegas en una nueva propuesta de acuerdo que permitirá avanzar en el traspaso de funciones, servicios y medios necesarios para la gestión del litoral.
Tras una reunión telemática celebrada ayer, la Secretaría General Técnica de la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático, Carmen Bouso, y la Directora General de Asuntos Constitucionales y Desarrollo Legislativo, Isabel Concheiro, destacaron que el Director General de Cooperación Autonómica y Local del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, Rafael Brief, ha aceptado las propuestas de la Administración autonómica sobre el borrador de acuerdo enviado por el Ejecutivo central en octubre.
Uno de los aspectos más relevantes de este avance es que el Gobierno central ha retirado la exigencia de un informe vinculante del Estado cada vez que la Xunta pretenda otorgar una concesión para obras o instalaciones no desmontables en el dominio público marítimo-terrestre (DPMT). Este requisito suponía una injerencia del Estado en las competencias autonómicas y su retirada beneficiará también al resto de las comunidades autónomas litorales.
Además, el representante estatal se comprometió a enviar pronto un nuevo borrador adaptado al contexto abierto tras la aprobación de la Ley de Ordenación y Gestión Integrada del Litoral de Galicia (Loxilga) y la sentencia del Tribunal Constitucional que validó su legitimidad. Este paso será clave para avanzar en el traspaso efectivo de las funciones, servicios y medios necesarios para gestionar el litoral gallego.
Las responsables autonómicas subrayaron la necesidad de celebrar lo antes posible la Comisión Mixta de Transferencias para concretar y cuantificar el traspaso de competencias, un paso fundamental para seguir avanzando en el desarrollo de la ley gallega. Una vez que la Xunta reciba el traspaso formal de los medios necesarios, se comprometen a comenzar de inmediato con la emisión de los primeros informes y títulos relacionados con la gestión del litoral.
La Xunta ya está trabajando en este ámbito. Tras constituir en octubre la Comisión Interdepartamental de Coordinación, que facilitará el trabajo transversal en la gestión del litoral, la Conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha mantenido contactos con agentes y organizaciones vinculadas a la costa para avanzar en la creación del Foro del Litoral, que será el órgano colegiado de participación, consulta y asesoramiento en materia de ordenación del litoral.
Galicia se ha convertido con la Ley de Ordenación y Gestión Integrada del Litoral en la primera comunidad española en regular de manera integral la franja costera en toda su extensión. La Xunta sigue avanzando en los pasos necesarios para desarrollar esta normativa, que permitirá gestionar los 2.500 kilómetros de costa y 1,6 millones de hectáreas terrestres y marítimas de la comunidad.

La Xunta ha logrado que el Gobierno central rectifique su postura inicial sobre el traspaso de la gestión del litoral a la Comunidad Autónoma de Galicia. El Ministerio de Política Territorial incluirá finalmente las demandas gallegas en una nueva propuesta de acuerdo que permitirá avanzar en el traspaso de funciones, servicios y medios necesarios para la gestión del litoral.
Tras una reunión telemática celebrada ayer, la Secretaría General Técnica de la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático, Carmen Bouso, y la Directora General de Asuntos Constitucionales y Desarrollo Legislativo, Isabel Concheiro, destacaron que el Director General de Cooperación Autonómica y Local del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, Rafael Brief, ha aceptado las propuestas de la Administración autonómica sobre el borrador de acuerdo enviado por el Ejecutivo central en octubre.
Uno de los aspectos más relevantes de este avance es que el Gobierno central ha retirado la exigencia de un informe vinculante del Estado cada vez que la Xunta pretenda otorgar una concesión para obras o instalaciones no desmontables en el dominio público marítimo-terrestre (DPMT). Este requisito suponía una injerencia del Estado en las competencias autonómicas y su retirada beneficiará también al resto de las comunidades autónomas litorales.
Además, el representante estatal se comprometió a enviar pronto un nuevo borrador adaptado al contexto abierto tras la aprobación de la Ley de Ordenación y Gestión Integrada del Litoral de Galicia (Loxilga) y la sentencia del Tribunal Constitucional que validó su legitimidad. Este paso será clave para avanzar en el traspaso efectivo de las funciones, servicios y medios necesarios para gestionar el litoral gallego.
Las responsables autonómicas subrayaron la necesidad de celebrar lo antes posible la Comisión Mixta de Transferencias para concretar y cuantificar el traspaso de competencias, un paso fundamental para seguir avanzando en el desarrollo de la ley gallega. Una vez que la Xunta reciba el traspaso formal de los medios necesarios, se comprometen a comenzar de inmediato con la emisión de los primeros informes y títulos relacionados con la gestión del litoral.
La Xunta ya está trabajando en este ámbito. Tras constituir en octubre la Comisión Interdepartamental de Coordinación, que facilitará el trabajo transversal en la gestión del litoral, la Conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha mantenido contactos con agentes y organizaciones vinculadas a la costa para avanzar en la creación del Foro del Litoral, que será el órgano colegiado de participación, consulta y asesoramiento en materia de ordenación del litoral.
Galicia se ha convertido con la Ley de Ordenación y Gestión Integrada del Litoral en la primera comunidad española en regular de manera integral la franja costera en toda su extensión. La Xunta sigue avanzando en los pasos necesarios para desarrollar esta normativa, que permitirá gestionar los 2.500 kilómetros de costa y 1,6 millones de hectáreas terrestres y marítimas de la comunidad.
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