La Xunta de Galicia ha alertado de un incremento del 72 % en los avisos por ataques de lobo desde que la especie fue incluida en la lista de especies silvestres con régimen de protección especial en septiembre de 2021. Según los datos provisionales de 2024, los avisos han pasado de 1.204 en 2021 a 2.074 este año.

Durante una reunión con ganaderos en la explotación ganadera De Vázquez, en el municipio de O Pino, la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, insistió en que se debe revisar el nivel de protección del lobo, con el objetivo de adaptarlo a la realidad actual de cada zona. La conselleira subrayó que el censo elaborado por la Xunta estima que la población de lobos se mantiene estable en Galicia, con unas 93 manadas, lo que, según el Gobierno gallego, indica que el estado de la especie no es desfavorable.

En este sentido, Ángeles Vázquez celebró la decisión del Comité Permanente del Convenio de Berna, que hoy aprobó el cambio del estatus internacional del lobo en Europa, pasando de estar estrictamente protegido a protegido. Esta decisión se alinea con la postura de la Xunta, que considera que fue un error aumentar el nivel de protección del lobo en España sin considerar la situación concreta del norte del río Duero. La conselleira insistió en que el Gobierno central debe escuchar a las autoridades europeas y rectificar una decisión que, en su opinión, está dificultando el equilibrio entre la especie y el sector primario en el medio rural.

Por otro lado, la Xunta ha mostrado su apoyo al sector ganadero, con la convocatoria de ayudas para mitigar los daños causados por los ataques de lobos y para implementar medidas preventivas como la compra de perros protectores, cercados móviles, pastores eléctricos o la contratación de cuidadores para proteger el ganado. Entre 2016 y 2024, el Gobierno gallego ha destinado cerca de 11 millones de euros a esta causa y tiene previsto continuar y reforzar estos apoyos en el futuro. Los presupuestos para 2025 incluyen una partida de más de 2,9 millones de euros, que se destinarán a la compensación de daños y a la implementación de medidas preventivas. En concreto, se reservan más de 910.000 euros para compensar los daños y más de 2 millones para apoyar a los ganaderos en la adopción de medidas preventivas.

Finalmente, la conselleira recordó que el Gobierno central aún debe a la Comunidad Autónoma 8 millones de euros por este concepto, después de que solo se hayan transferido 4 millones de euros de los 12 millones acordados en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente celebrada el pasado mes de julio.