Los desahucios de la vivienda habitual, por orden judicial, se continúan produciendo cada día. A pesar de los avances legislativos, de la propia Ley de Vivienda y demás Reales Decretos Leyes para proteger y garantizar la vivienda a las personas y familias vulnerables, mucho más con hijos menores a cargo, se continúan vulnerando sus derechos, por parte de algunos jueces y tribunales de justicia, principalmente los de Primera Instancia e Instrucción.   

Cómo puede ser que se desahucien familias, con hijos menores a su cargo, sin ofrecerles una alternativa habitacional?. Para que se firmaron los protocolos y el Convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial, los Colegios de abogados, la Xunta de Galicia y la Fegamp?. Sí, ya se sabe lo que se dice siempre, que la familia reclame a una instancia judicial superior (Audiencia Provincial, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional o el Tribunal de la UE) pero mientras tanto se quedan en la calle.

Algunos funcionarios, en demasiadas ocasiones, se extralimitan de sus funciones y mantienen un exceso de celo, en el cumplimiento de su deber, llevando el acatamiento de las normas al extremo sin importarles las personas ni las consecuencias que ello pueda ocasionar. No tienen la empatía suficiente para tratar con las personas, piensan que están conviviendo con animales salvajes.

Los gobernantes toman decisiones, los legisladores redactan y aprueban las leyes y luego ciertos funcionarios se dedican a interpretarlas y aplicarles a su manera, sin importarles, lo más mínimo, los daños que pudiesen ocasionar. La culpa es nuestra, de la propia sociedad civil, por no exigir que se respeten nuestros derechos y denunciar el corporativismo de ciertos sectores del funcionario público.