La Xunta convoca ayudas para obras de eficiencia energética en infraestructuras municipales

La directora general de Administración Local, Natalia Prieto, anunció esta semana en el Parlamento de Galicia que la Xunta convocará una nueva orden de ayudas plurianuales destinadas a facilitar actuaciones de eficiencia en las infraestructuras vinculadas a la prestación de servicios municipales en ayuntamientos de menos de 30.000 habitantes. La orden prevista para el periodo 2025-2026 contará con una inversión de 5 millones de euros, cofinanciados en un 60% con fondos Feder.

En este sentido, hizo balance de la convocatoria de estas ayudas para 2024-2025, de la que se beneficiaron más de medio centenar de entidades locales que, gracias a este apoyo, como señaló la directora general, “pudieron mejorar la eficiencia energética de sus casas consistoriales, casas de cultura, centros socioculturales, polideportivos, escuelas y otros edificios de su titularidad”. En la provincia de A Coruña hay 17 ayuntamientos beneficiarios, que se distribuyen casi 1,7 millones, y en la de Ourense 15, con cerca de 1,5 millones de euros financiados. En Pontevedra, 10 municipios recibieron algo más de un millón de euros, y en Lugo, en nueve localidades se distribuyeron casi un millón de euros.

A través de estas ayudas, los ayuntamientos beneficiados pueden cubrir hasta el 80% de los gastos de mejoras en aislamiento, iluminación interior y climatización con un límite de 120.000 euros. Así, se financian obras de mejora de las envolventes térmicas, aislamientos en cubiertas y fachadas, y la instalación de carpinterías exteriores o acristalamientos con buenas características térmicas.

También se apoyan obras para contar con iluminación eficiente en el interior de los edificios, así como la colocación de sistemas de control y regulación de la iluminación artificial, de la intensidad y del encendido. Otra de las mejoras es la climatización y calefacción, que puede incluir fuentes de energía renovable. El importe de la actuación debe oscilar entre los 60.000 y los 150.000 euros.

Reducción del consumo energético

Natalia Prieto recordó que en Galicia los edificios son responsables del 30% del consumo energético y del 40% de los gases de efecto invernadero y, en este sentido, los ayuntamientos son propietarios de muchos de ellos al contar con un amplio parque inmobiliario destinado a la prestación de servicios a la ciudadanía. Precisamente esta orden de ayudas contribuye a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y a la mitigación de los efectos del cambio climático, en línea con la Estrategia de Cambio Climático y Energía 2050 y en el marco del Programa Feder Galicia 2021-2027.

También se busca facilitar a los ayuntamientos el ahorro energético y económico, así como la mejora ambiental y del confort del personal y de la ciudadanía usuaria de los servicios municipales. A través de esta medida se impulsa, además, la reactivación económica de los sectores implicados en las obras y se refuerza el efecto ejemplarizante de las actuaciones de la Administración.

Fomento del gallego en la justicia

En la primera comisión también intervino el director general de Justicia, José Tronchoni, para abordar las medidas del fomento del gallego en la administración de justicia de Galicia. Así, recordó que el portal jurídico gallego Lex.gal cuenta con una completa base de datos que se actualiza de manera constante con toda la legislación dictada por la comunidad en gallego. Con esta herramienta se abre a la ciudadanía la posibilidad de disponer, en red y con contenido actualizado, de un acceso a la versión consolidada, actualizada y en gallego de todas las normas dictadas desde 1981 por la comunidad, en el marco de la colaboración entre distintas instituciones.

Con el objetivo de garantizar el uso del gallego en los procedimientos jurisdiccionales en toda la actuación, tanto oral como documental, José Tronchoni detalló otras medidas impulsadas por el Gobierno gallego, como la disposición de equipos lingüísticos y de traducción, la edición de documentos jurídicos y la publicación de textos legales en gallego, el desarrollo del programa de gestión LexNet para tramitar documentos tanto en gallego como en castellano, el reconocimiento del conocimiento de la lengua propia como mérito en los concursos y en la trayectoria profesional del personal al servicio de la Administración de Justicia, a quien también se le ofrece formación continua en este ámbito y cursos de capacitación lingüística, al igual que ocurre con los fiscales a través del convenio firmado este año para ofrecerles cursos de gallego.

En la misma línea, en la página de intranet de justicia se está adaptando la legislación estatal al gallego y en los portales web de justicia, como este, y en otras aplicaciones y programas también se emplea el gallego.

Por tanto, el director general incidió en que “los órganos judiciales de la comunidad tienen las herramientas necesarias para el desarrollo del procedimiento judicial en la lengua elegida por las partes y cualquier persona tiene derecho a elegir ante los organismos de cualquier jurisdicción el idioma en el que se desarrollará el procedimiento y el idioma de sus intervenciones orales y escritas”.