El pasado 2 de diciembre de 2024 entró en vigor en España un nuevo marco normativo que regula el registro de viajeros y usuarios de vehículos de alquiler, basado en el Real Decreto 933/2021. Esta legislación busca actualizar los procesos de control y seguridad, extendiendo la obligatoriedad de registro a hoteles, alojamientos turísticos (incluidos los gestionados por plataformas como Airbnb) y empresas de alquiler de vehículos.

Entre los cambios más destacados está la ampliación del número de datos que los establecimientos deben recabar. Por ejemplo, los hoteles ahora deben registrar hasta 43 datos personales, incluyendo información detallada sobre el medio de pago y relaciones familiares en caso de menores. Estas medidas han generado fuertes críticas por parte del sector turístico, que considera que incrementan la burocracia y los costos operativos, además de representar un riesgo para la privacidad de los clientes. Las multas por incumplimiento pueden llegar hasta los 30.000 euros.

El objetivo declarado de esta normativa es reforzar la seguridad nacional mediante un control más estricto de la información de los viajeros. Sin embargo, tanto hoteleros como agencias de viajes y compañías de alquiler han señalado que estas exigencias les restan competitividad frente a otros países europeos, donde no se imponen requisitos similares. Asimismo, se han expresado preocupaciones sobre el manejo y almacenamiento de datos, ya que toda la información será enviada a bases controladas por el Ministerio del Interior.

Este cambio ha desatado un debate sobre el equilibrio entre seguridad y operatividad en un sector clave como el turismo, que representa un pilar fundamental de la economía española. Desde el punto de vista positivo, este tipo de regulación puede facilitar la prevención e investigación de delitos, mejorando la capacidad de las autoridades para garantizar la seguridad.

Aunque las medidas de seguridad son necesarias, deberían ser equilibradas y adaptadas a las realidades del sector. Se necesita un enfoque más inclusivo, que tenga en cuenta las capacidades tecnológicas y financieras de las empresas, sin afectar de manera desproporcionada la experiencia de los viajeros ni la competitividad de España. Un diálogo más profundo con los afectados podría ayudar a encontrar soluciones menos intrusivas y más eficaces

¿Esto permitiría proteger la seguridad sin comprometer la privacidad de los viajeros ni la sostenibilidad del turismo y servicios asociados?