Las catástrofes que hemos presenciado en los últimos años, desde la DANA que asoló Valencia recientemente hasta los devastadores incendios forestales o terremotos que afectan a distintas partes del mundo, nos han dejado una lección amarga. La crisis del momento nos ha obligado a enfrentarnos a una dura realidad: la falta de preparación de la población y, lo que es aún más grave, la de las administraciones públicas para hacer frente a emergencias y catástrofes. Y no estamos hablando solo de desastres naturales, sino de cualquier calamidad pública que, en cuestión de minutos, pueda cambiar por completo la vida de miles de personas.

Cuando hablamos de emergencias, lo primero que se nos viene a la mente es la respuesta de las autoridades. Sin embargo, las imágenes que hemos visto en situaciones críticas pintan un panorama desolador. Las administraciones públicas, lejos de ofrecer una solución rápida y eficaz, parecen estar sumidas en la descoordinación y la improvisación. No podemos permitir que, en un momento de crisis, los ciudadanos se encuentren desamparados, sin información, sin recursos, sin ninguna directriz clara sobre cómo actuar. Las instituciones tienen la responsabilidad de anticiparse a lo que se avecina, pero lamentablemente no se percibe esa voluntad real.

A pesar de la constante presencia de informes y estudios sobre los riesgos que enfrentamos, se sigue apostando por la inacción y la falta de planificación adecuada. Y lo que resulta aún más incomprensible es que las mismas administraciones que no son capaces de coordinarse eficazmente en situaciones extremas se muestran desbordadas ante lo inevitable. Esto no es una cuestión de recursos; es una cuestión de prioridades. No hay una estrategia sólida, no se destinan los fondos necesarios para formar a la población ni para poner en marcha sistemas de alerta y evacuación eficaces. A veces parece que, cuando se produce una tragedia, las soluciones llegan tarde y mal.

Es crucial que no sigamos esperando a que el desastre llegue para reaccionar. Y aquí es donde entra una de las claves fundamentales para mejorar la respuesta ante emergencias: la preparación individual. Cada uno de nosotros debe ser consciente de la importancia de estar preparado para afrontar situaciones de crisis. La autoprotección personal es tan importante como la actuación de las autoridades. Es hora de que cada persona tome el control de su seguridad, de que se eduque sobre cómo actuar en caso de un incendio forestal, una inundación, un terremoto o cualquier otro desastre. Conocer las rutas de evacuación, tener un kit de emergencia en casa, contar con un plan familiar son acciones básicas que todos podemos implementar.

Pero para que esto ocurra, es imprescindible que las administraciones promuevan, no solo la formación ciudadana, sino la creación de planes de emergencia accesibles y efectivos. No se trata solo de enviar alertas o de elaborar protocolos, sino de garantizar que toda la población, desde los más jóvenes hasta los mayores, sepa cómo actuar cuando se vean amenazados por una calamidad pública.

La falta de preparación y la descoordinación de las autoridades no solo suponen un riesgo para la seguridad pública, sino que agravan las consecuencias de cualquier desastre. Y en una sociedad tan vulnerable a los cambios climáticos y los desastres naturales, no podemos darnos el lujo de seguir ignorando estas deficiencias. Es hora de exigir una mayor responsabilidad a las administraciones, pero también de asumir nuestra propia responsabilidad como individuos. La seguridad empieza en casa, en la preparación, en la prevención. Si todos asumimos el compromiso de estar preparados, estaremos más cerca de reducir los daños cuando, inevitablemente, llegue la próxima emergencia.