Las uniones comarcales de UGT y CCOO en Vigo han convocado una manifestación para hoy, 17 de diciembre, a las 19:00 horas desde la Praza de España, con el objetivo de denunciar la crítica situación de la vivienda en la ciudad y la comarca. La movilización tiene como fin exigir a las administraciones medidas inmediatas ante un problema que no admite más demoras.

La manifestación cuenta con el apoyo de diversas organizaciones, entre las que se incluyen Amnistía Internacional, Sumar, IU, Podemos, la Federación Vecinal Eduardo Chao (FAVEC), el Sindicato de Inquilinas Vigo-Tui-BM, Os Ninguéns, Foro Cívico de Vigo, Recortes Cero y Mundo sin Guerras y sin Violencia.

Según datos de los sindicatos, en Vigo hay más de 5.700 personas registradas como demandantes de vivienda protegida. Además, en los últimos diez años, solo el 4% de las viviendas construidas en Galicia han sido de carácter protegido, lo que refleja la escasez de opciones accesibles para la población.

CCOO y UGT consideran que las medidas anunciadas por las administraciones hasta el momento no son suficientes y que podrían llegar demasiado tarde. España es uno de los países de la UE con menos vivienda social, incumpliendo los compromisos establecidos en la Carta Social Europea Revisada y en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Ambos sindicatos exigen que la vivienda deje de ser una cuestión política y se convierta en un derecho fundamental que pueda ser reclamado judicialmente. Además, insisten en la necesidad de intervenir de forma urgente en el mercado de la vivienda, incluyendo la recuperación de los inmuebles vacíos, y la creación de un parque público de vivienda que haga accesible la propiedad para todos los ciudadanos.

La situación es especialmente preocupante para los jóvenes y las mujeres. Solo el 17% de los jóvenes españoles pueden emanciparse, y las mujeres enfrentan mayores dificultades que los hombres para acceder a una vivienda, necesitando más tiempo para reunir los recursos necesarios.

Con esta manifestación, los sindicatos esperan que las administraciones tomen medidas decisivas y urgentes para garantizar que el acceso a la vivienda sea un derecho para todos los ciudadanos, sin distinciones de género ni edad.