La Xunta trasladó  a la Comisión de Peticiones de la Unión Europea su preocupación ante la parálisis eólica de Galicia a pesar del interés público superior de las energías renovables en Europa.

En el marco del viaje que realizó a Bruselas para participar, en representación de las comunidades autónomas españolas, en el Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea, la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, se reunió con el director de Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo, Michael Speiser, con quien abordó la situación de inseguridad jurídica que está generando en Galicia la actual parálisis judicial y administrativa que afecta a decenas de proyectos eólicos.

Ángeles Vázquez informó al alto cargo europeo de que esta parálisis está dificultando el cumplimiento por parte de Galicia del reto de avanzar hacia la descarbonización y la neutralidad climática a través del desarrollo de energías renovables.

En este sentido, la conselleira destacó que la Xunta comparte la visión de la Comisión Europea, que considera de interés público superior la planificación, construcción y explotación de instalaciones de producción de energías procedentes de fuentes renovables por su contribución esencial a la lucha contra el cambio climático y la protección de la biodiversidad.

En esa línea, la conselleira explicó al alto cargo europeo que el Gobierno gallego está realizando con la máxima agilidad todos los trámites que son de su competencia para impulsar este sector con el objetivo de recuperar el liderazgo a nivel nacional en potencia eólica instalada. Cabe recordar que la Comunidad bajó a la cuarta posición debido a la sucesión de sentencias por parte del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) cuestionando la simultaneidad de los trámites de información pública y de consulta de nuevos parques eólicos.

De hecho, Ángeles Vázquez trasladó a Michael Speiser el interés de la Xunta en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resuelva lo antes posible la cuestión prejudicial trasladada a finales de junio por el TSXG con relación a este tema, al entender que un pronunciamiento judicial de la UE clarificaría y agilizaría los proyectos paralizados en la comunidad, además de evitar que la inseguridad jurídica en este sector se pueda extender a otros países con legislaciones sectoriales similares a la española.