SALCEDA DE CASELAS
La anulación del catastrazo de Salceda se hace definitiva
El Concello lo niega y dice que la situación queda lejos de estar resuelta
Medio centenar de vecinos se dieron cita esta semana en el Concello de Salceda para presentar sus demandas ante el Catastro, en lo que supone un paso definitivo en la lucha contra lo que se ha conocido como "catastrazo". Un total de más de 700 fincas y viviendas afectadas por el cambio en la valoración catastral fueron incluidas en estas demandas, que reclaman la devolución de los más de 1,2 millones de euros que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dictaminó que el Concello debe devolver a los afectados.
La iniciativa fue convocada por la Plataforma Veciñal contra el Catastrazo, que ya agrupa a más de 160 vecinos que, apoyados por los despachos de abogados BGI-LAW y Calixto Escariz Abogados, presentaron demandas contra la modificación catastral que consideraba como urbanos terrenos rurales tradicionales. Esta medida supuso que los vecinos pasaran a pagar impuestos de bienes inmuebles (IBI) como si vivieran en zonas urbanas, aunque sus terrenos no contaban con los servicios urbanos que esa clasificación implica.
El proceso comenzó en 2021, cuando la Plataforma Veciñal presentó las demandas solicitando la anulación del cambio, que fue declarado ilegal por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. En su sentencia del 19 de octubre de 2023, ya firme, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal resolvió que los terrenos de núcleos rurales tradicionales no podían ser considerados urbanos a efectos fiscales. De esta manera, los propietarios de estos terrenos no deberían seguir pagando el IBI como si fueran urbanos. Además, la sentencia obliga a la devolución de los impuestos cobrados durante los últimos cuatro años, una cantidad que supera los 1,2 millones de euros.
El abogado Antonio Heredero, de BGI-LAW, destacó la importancia de esta sentencia, que ya ha anulado dos veces el catastrazo. Instó a los más de 5.000 afectados a unirse a la reclamación vecinal para exigir la devolución del dinero cobrado de forma irregular. Por su parte, José María Mantilla, de Calixto Escariz Abogados, recordó que, con la victoria en los tribunales, los vecinos tienen el camino abierto para recuperar los impuestos indebidamente cobrados.
Reacción del Concello
En respuesta a la nota de prensa emitida por BGI-LAW y Calixto Escariz Abogados, el Concello de Salceda ha querido aclarar varios puntos en relación con el proceso judicial. La administración local desmintió que se estén presentando demandas contra el Concello, precisando que las demandas se están realizando ante el Catastro, que es la autoridad competente en estos casos.
Desde el Concello informaron que, tras conocer las resoluciones en dos de los procedimientos relacionados con el catastrazo, se personaron en los mismos para solicitar la nulidad de los mismos, ya que no se había emplazado al Concello para que pudiera intervenir en los procesos, a pesar de su interés directo en el asunto. En uno de estos procedimientos, la nulidad fue denegada, y se presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional. El segundo procedimiento sigue pendiente de resolución, y el Concello confía en que se resuelva favorablemente en breve.
El Concello argumenta que, si se hubiera permitido su intervención en los procedimientos, no se habría declarado como suelo rústico el suelo que consideran claramente un núcleo rural, tal como establece la Ley 2/2016 del Suelo de Galicia, y que ha sido confirmado por la Xunta Consultiva de Ordenación del Urbanismo y el Territorio en su informe del 19 de marzo de 2024. De hecho, la segunda sentencia se limitó a resolver en concordancia con la primera, sin pronunciarse sobre la clasificación de los terrenos.
Desde la administración local subrayaron que la situación está lejos de estar resuelta, como afirman algunos de los afectados. También expresaron su preocupación por si se están generando falsas expectativas entre los vecinos, y pidieron prudencia y rigor al respecto. Loli Castiñeira, concejala de Urbanismo, aseguró que el Concello seguirá defendiendo los intereses de la veciñanza con garantías jurídicas, pero sin crear falsas esperanzas.
Medio centenar de vecinos se dieron cita esta semana en el Concello de Salceda para presentar sus demandas ante el Catastro, en lo que supone un paso definitivo en la lucha contra lo que se ha conocido como "catastrazo". Un total de más de 700 fincas y viviendas afectadas por el cambio en la valoración catastral fueron incluidas en estas demandas, que reclaman la devolución de los más de 1,2 millones de euros que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dictaminó que el Concello debe devolver a los afectados.
La iniciativa fue convocada por la Plataforma Veciñal contra el Catastrazo, que ya agrupa a más de 160 vecinos que, apoyados por los despachos de abogados BGI-LAW y Calixto Escariz Abogados, presentaron demandas contra la modificación catastral que consideraba como urbanos terrenos rurales tradicionales. Esta medida supuso que los vecinos pasaran a pagar impuestos de bienes inmuebles (IBI) como si vivieran en zonas urbanas, aunque sus terrenos no contaban con los servicios urbanos que esa clasificación implica.
El proceso comenzó en 2021, cuando la Plataforma Veciñal presentó las demandas solicitando la anulación del cambio, que fue declarado ilegal por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. En su sentencia del 19 de octubre de 2023, ya firme, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal resolvió que los terrenos de núcleos rurales tradicionales no podían ser considerados urbanos a efectos fiscales. De esta manera, los propietarios de estos terrenos no deberían seguir pagando el IBI como si fueran urbanos. Además, la sentencia obliga a la devolución de los impuestos cobrados durante los últimos cuatro años, una cantidad que supera los 1,2 millones de euros.
El abogado Antonio Heredero, de BGI-LAW, destacó la importancia de esta sentencia, que ya ha anulado dos veces el catastrazo. Instó a los más de 5.000 afectados a unirse a la reclamación vecinal para exigir la devolución del dinero cobrado de forma irregular. Por su parte, José María Mantilla, de Calixto Escariz Abogados, recordó que, con la victoria en los tribunales, los vecinos tienen el camino abierto para recuperar los impuestos indebidamente cobrados.
Reacción del Concello
En respuesta a la nota de prensa emitida por BGI-LAW y Calixto Escariz Abogados, el Concello de Salceda ha querido aclarar varios puntos en relación con el proceso judicial. La administración local desmintió que se estén presentando demandas contra el Concello, precisando que las demandas se están realizando ante el Catastro, que es la autoridad competente en estos casos.
Desde el Concello informaron que, tras conocer las resoluciones en dos de los procedimientos relacionados con el catastrazo, se personaron en los mismos para solicitar la nulidad de los mismos, ya que no se había emplazado al Concello para que pudiera intervenir en los procesos, a pesar de su interés directo en el asunto. En uno de estos procedimientos, la nulidad fue denegada, y se presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional. El segundo procedimiento sigue pendiente de resolución, y el Concello confía en que se resuelva favorablemente en breve.
El Concello argumenta que, si se hubiera permitido su intervención en los procedimientos, no se habría declarado como suelo rústico el suelo que consideran claramente un núcleo rural, tal como establece la Ley 2/2016 del Suelo de Galicia, y que ha sido confirmado por la Xunta Consultiva de Ordenación del Urbanismo y el Territorio en su informe del 19 de marzo de 2024. De hecho, la segunda sentencia se limitó a resolver en concordancia con la primera, sin pronunciarse sobre la clasificación de los terrenos.
Desde la administración local subrayaron que la situación está lejos de estar resuelta, como afirman algunos de los afectados. También expresaron su preocupación por si se están generando falsas expectativas entre los vecinos, y pidieron prudencia y rigor al respecto. Loli Castiñeira, concejala de Urbanismo, aseguró que el Concello seguirá defendiendo los intereses de la veciñanza con garantías jurídicas, pero sin crear falsas esperanzas.
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