GALICIA
A Xunta destaca que a lei estatal de vivenda xera máis incertezas ca confianza no mercado residencial
La Xunta subraya que ningún municipio ha presentado hasta el momento la solicitud de declaración de zona tensionada y advierte de las consecuencias negativas de esta medida para el mercado de alquiler de viviendas.
El secretario del Instituto Gallego de Vivienda y Suelo, Heriberto García Porto, destacó en una intervención parlamentaria que la Xunta no ha cambiado su posición respecto a la declaración de zonas tensionadas, una medida que no considera eficaz para resolver el problema del precio de la vivienda "y que genera más incertidumbre que confianza en el mercado residencial, y así lo seguimos manteniendo".
"Desde la Xunta -indicó- siempre hemos dicho que no íbamos a declarar de oficio zonas de mercado residencial tensionado. Pero también hemos dicho que, por supuesto, cumpliríamos la ley".
Sin embargo, ante la falta de claridad en el procedimiento establecido por el Gobierno central, la Xunta modificó la Ley de Vivienda de Galicia para detallar los pasos a seguir por los municipios para solicitar la declaración, que deben respaldar con documentos y estudios técnicos.
Con esta regulación, explicó el secretario general de Vivienda y Urbanismo, se posibilita que los municipios que, después de su análisis y propuestas, consideren que deben aplicar la medida puedan hacerlo. "Siempre defendimos -apuntó- que es necesaria una participación activa de los municipios para resolver el problema de acceso a la vivienda y, por lo tanto, más allá de no considerarla una medida adecuada, creemos que debemos tramitar las iniciativas municipales que se presenten".
Insistió en que hasta el momento no se ha registrado ninguna solicitud por parte de los municipios con la documentación requerida, "solo declaraciones de intenciones".
Reiteró que la Xunta apuesta por dar seguridad jurídica para que los propietarios ofrezcan sus viviendas en alquiler y los promotores impulsen nuevos desarrollos para destinarlos a este fin.
Apuntó que esta medida del Gobierno central solo pondrá un tope a los precios de las viviendas de grandes tenedores, que en Galicia representan menos del 4%, y a aquellas que llevan más de 5 años sin alquilarse, por lo que no incentivará que se pongan en el mercado. Advirtió que con esta iniciativa, los propietarios preferirán vender las viviendas, destinarlas al alquiler turístico, alquilarlas por habitaciones o mantenerlas vacías, como ha ocurrido en ciudades europeas que adoptaron medidas similares.
Por otro lado, destacó que la Xunta está trabajando en medidas que faciliten el acceso a la vivienda, con la construcción de vivienda pública en los municipios donde se concentra la mayor demanda, la concesión de ayudas a promotores para la construcción de viviendas para alquiler y el desarrollo de suelo que permita la construcción de 25.000 viviendas, de las cuales 20.000 serán protegidas. Paralelamente, se ofrecen ayudas para el alquiler y adquisición de viviendas y se estimula la salida al mercado de alquiler de viviendas vacías.
"En esto deberían centrarse los esfuerzos de todas las administraciones para agilizar plazos y trámites que permitan dar una solución definitiva desde la iniciativa pública a la dificultad de acceso", añadió.

La Xunta subraya que ningún municipio ha presentado hasta el momento la solicitud de declaración de zona tensionada y advierte de las consecuencias negativas de esta medida para el mercado de alquiler de viviendas.
El secretario del Instituto Gallego de Vivienda y Suelo, Heriberto García Porto, destacó en una intervención parlamentaria que la Xunta no ha cambiado su posición respecto a la declaración de zonas tensionadas, una medida que no considera eficaz para resolver el problema del precio de la vivienda "y que genera más incertidumbre que confianza en el mercado residencial, y así lo seguimos manteniendo".
"Desde la Xunta -indicó- siempre hemos dicho que no íbamos a declarar de oficio zonas de mercado residencial tensionado. Pero también hemos dicho que, por supuesto, cumpliríamos la ley".
Sin embargo, ante la falta de claridad en el procedimiento establecido por el Gobierno central, la Xunta modificó la Ley de Vivienda de Galicia para detallar los pasos a seguir por los municipios para solicitar la declaración, que deben respaldar con documentos y estudios técnicos.
Con esta regulación, explicó el secretario general de Vivienda y Urbanismo, se posibilita que los municipios que, después de su análisis y propuestas, consideren que deben aplicar la medida puedan hacerlo. "Siempre defendimos -apuntó- que es necesaria una participación activa de los municipios para resolver el problema de acceso a la vivienda y, por lo tanto, más allá de no considerarla una medida adecuada, creemos que debemos tramitar las iniciativas municipales que se presenten".
Insistió en que hasta el momento no se ha registrado ninguna solicitud por parte de los municipios con la documentación requerida, "solo declaraciones de intenciones".
Reiteró que la Xunta apuesta por dar seguridad jurídica para que los propietarios ofrezcan sus viviendas en alquiler y los promotores impulsen nuevos desarrollos para destinarlos a este fin.
Apuntó que esta medida del Gobierno central solo pondrá un tope a los precios de las viviendas de grandes tenedores, que en Galicia representan menos del 4%, y a aquellas que llevan más de 5 años sin alquilarse, por lo que no incentivará que se pongan en el mercado. Advirtió que con esta iniciativa, los propietarios preferirán vender las viviendas, destinarlas al alquiler turístico, alquilarlas por habitaciones o mantenerlas vacías, como ha ocurrido en ciudades europeas que adoptaron medidas similares.
Por otro lado, destacó que la Xunta está trabajando en medidas que faciliten el acceso a la vivienda, con la construcción de vivienda pública en los municipios donde se concentra la mayor demanda, la concesión de ayudas a promotores para la construcción de viviendas para alquiler y el desarrollo de suelo que permita la construcción de 25.000 viviendas, de las cuales 20.000 serán protegidas. Paralelamente, se ofrecen ayudas para el alquiler y adquisición de viviendas y se estimula la salida al mercado de alquiler de viviendas vacías.
"En esto deberían centrarse los esfuerzos de todas las administraciones para agilizar plazos y trámites que permitan dar una solución definitiva desde la iniciativa pública a la dificultad de acceso", añadió.
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