El Ministerio de Transportes busca "una nueva versión de la autovía" según Caballero

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, se reunió este pasado martes con la alcaldesa pedánea de Bembrive, Patricia Otero, para tratar el impacto de la futura autovía A-52 en túnel y la necesidad de garantizar los derechos de las familias afectadas por el trazado.

Caballero subrayó que esta obra supondrá una mejora clave en la seguridad vial, eliminando el peligro en la zona de Tameiga, considerada uno de los puntos negros más importantes de España. “Es una infraestructura que llega 30 años tarde, pero será extraordinariamente beneficiosa para la ciudad. Somos la única gran urbe sin autovía y esta era una demanda histórica de Vigo”, afirmó.

El alcalde también garantizó que tanto el Concello, como la Pedanía de Bembrive y el Gobierno de España velarán por los derechos de las personas afectadas, sin hacer mención alguna al centenar de vecinos de Mos que se prevé queden afectados. “Serán tratados con todas las garantías y quienes deban ser indemnizados recibirán la compensación adecuada para poder reubicarse”, aseguró.

Aún no se ha determinado el número exacto de viviendas que se verán afectadas, ya que el Ministerio de Transportes sigue trabajando en una nueva versión del proyecto, explicó. No obstante, Caballero reiteró su compromiso de estar “al lado de Bembrive, de la ciudad y de la gente afectada”.

El trazado de la autovía en túnel, que conectará Vigo con la salida de Porriño hacia Madrid, incluirá un gran nudo de enlace a la altura de Bembrive, permitiendo mejorar la movilidad en toda la urbe. La obra contará con un presupuesto de 400 millones de euros, financiados íntegramente por el Gobierno de España.

Sin embargo, Caballero evitó concretar medidas específicas para las familias que perderán sus viviendas o terrenos, limitándose a declaraciones genéricas sobre indemnizaciones sin ofrecer detalles sobre plazos o condiciones. Esta falta de información genera incertidumbre entre los vecinos, que temen quedar en una situación de indefensión ante una infraestructura impuesta desde el Gobierno central con el respaldo del Concello de Vigo.