El Juzgado de lo Penal número 1 de Vigo ha sentenciado al presidente de la Comunidad de Montes Santa Mariña de Cabral, L. R., y a otras dos personas a tres meses de prisión, inhabilitación especial durante el mismo periodo para actividades relacionadas con la construcción o promoción inmobiliaria y una multa de 540 euros cada uno. La condena responde a un delito contra la ordenación del territorio por la construcción ilegal de un galpón en el área del corredor natural del río Lagares.

El juicio había sido suspendido en dos ocasiones el pasado otoño, pero finalmente se llegó a una sentencia de conformidad tras la admisión de responsabilidad por parte de los acusados.

Los hechos se remontan a 2014, cuando comenzaron las obras del galpón sin contar con los permisos necesarios. Una denuncia vecinal llevó a la Policía Local a ordenar la paralización del proyecto. Sin embargo, en 2016 una inspección municipal comprobó que se habían retomado los trabajos y, para 2017, la construcción ya estaba terminada y conectada a otra edificación preexistente mediante una nueva cubierta.

Dado que la obra carecía de licencia, el Concello de Vigo abrió el correspondiente expediente, que luego remitió a la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU). Este organismo autonómico determinó que la construcción era ilegal y ordenó su demolición.

La sentencia tuvo en cuenta que los acusados habían derribado la edificación antes del juicio. La ejecución de la condena quedó supeditada a que no cometan nuevos delitos en un plazo de dos años.

Desde la Plataforma Galega de Afectados polas Comunidades de Montes consideran esta resolución judicial como una consecuencia de una gestión negligente y una actitud irrespetuosa con la legalidad por parte de la actual directiva de la Comunidad de Montes de Cabral y, en particular, de su presidente. Recuerdan, además, que Luis Rodríguez enfrenta otros procesos judiciales relacionados con la propiedad de naves industriales y parcelas promovidas por la entidad comunal, así como un procedimiento penal por un presunto delito ambiental en la zona del nacimiento del río Lagares, lo que ya ha supuesto una sanción de casi 100.000 euros impuesta por la Dirección Xeral de Patrimonio Natural de la Xunta de Galicia.