El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha solicitado abrir el debate sobre las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en Vigo, a raíz de las declaraciones del alcalde, Abel Caballero, sobre las multas relacionadas con la implementación de estas zonas en la ciudad, previstas para este año 2025. El portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, ha respondido a lo que considera "falsedades" por parte del regidor y ha reiterado el rechazo del Bloque al proyecto del Gobierno local, calificando la propuesta de una "mala copia de Madrid Central".

Igrexas ha criticado el enfoque del Ejecutivo local, que contempla la imposición de sanciones de al menos 200 euros para los vehículos de combustión que circulen en las cuatro áreas restringidas. Según el portavoz nacionalista, avanzar hacia una ciudad más sostenible y con menos emisiones contaminantes no debe basarse en "discriminar a quienes no pueden permitirse un coche híbrido o eléctrico", sino en reducir el uso del vehículo privado y ofrecer alternativas reales.

Por ello, el BNG ha propuesto una alternativa integral que incluya la creación de una ZBE a nivel de todo el municipio, lo que abarcaría los 110 kilómetros del término municipal de Vigo. Esta propuesta incluye medidas para fomentar la movilidad alternativa al coche, como el refuerzo del transporte público, con más frecuencias y un precio más accesible, así como la mejora del diseño del mapa de líneas para una mejor conexión entre barrios y parroquias. Además, la formación nacionalista defiende también el impulso de la movilidad peatonal, el uso de bicicletas y vehículos de movilidad personal.

El BNG ha pedido que el Gobierno local convoque de manera formal los Consellos Sectoriais de Transportes y Medio Ambiente para garantizar una participación vecinal amplia en la definición de la ordenanza municipal que regulará las Zonas de Bajas Emisiones. A este respecto, Xabier P. Igrexas lamentó que Caballero siga "escondiendo en su despacho el proyecto de la nueva ordenanza", de la que, según el BNG, nada se sabe desde hace varios años, mientras el alcalde hace declaraciones "contradictorias" sobre las sanciones y el cumplimiento de la ley.