El Grupo Socialista acusa a la Xunta de "escusas de mal pagador" y de paralizar el sector eólico

La portavoz de Industria del Grupo Socialista, Patricia Iglesias, ha acusado al gobierno gallego de dar “excusas de mal pagador” para justificar la paralización del sector eólico en Galicia. Iglesias ha señalado que la negativa de la Xunta a adaptar las zonas sensibles está provocando la suspensión de 77 parques eólicos, que suman 2.000 MW de potencia, lo que conlleva una pérdida de 6.000 millones de euros en inversiones.

Iglesias ha calificado de “intolerable” que el gobierno gallego se dedique a atacar al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y al gobierno central en lugar de asumir su responsabilidad por el incumplimiento en la distribución de zonas protegidas para la instalación de parques eólicos. La socialista ha respondido a las recientes declaraciones de la conselleira de Medio Ambiente, en las que se intentó minimizar la problemática, asegurando que “la totalidad de la superficie gallega estaba protegida contra la implantación de eólicos”, algo que calificó como una mentira para encubrir la incompetencia del Ejecutivo autonómico.

Patricia Iglesias instó al gobierno gallego a cumplir con la zonificación y planificación territorial de zonas protegidas, subrayando que el Plan sectorial eólico vigente data de 1997 y no está adaptado a la normativa medioambiental actual, como la Directiva de Biodiversidad y la Directiva de Renovables. Según la portavoz socialista, la Xunta debe tener en cuenta el Marco de Acción Prioritaria para la ampliación de la Red Natura 2000 en Galicia, conforme a la normativa comunitaria, para autorizar la construcción de los parques eólicos en las áreas adecuadas.

Iglesias también resaltó que la zonificación de sensibilidad ambiental está siendo aplicada desde 2021 en todo el Estado, y mencionó que comunidades autónomas gobernadas por el PP, como Aragón, Castilla y León o Valencia, han adaptado su legislación, lo que les ha permitido avanzar más rápidamente en el desarrollo eólico que Galicia.

Además, recordó que la paralización del concurso eólico en 2009 por parte del gobierno gallego dejó fuera del desarrollo 2.325 MW y más de 5.000 millones de euros en inversiones, lo que generó una deuda de cerca de 200 millones de euros para los ciudadanos gallegos debido a las demandas de responsabilidad patrimonial de las empresas afectadas.

La socialista concluyó su intervención criticando la falta de una política energética coherente en Galicia y denunciando que, tras 16 años, el sector eólico continúa sumido en un caos y una inseguridad jurídica sin precedentes.