El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, y el fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, han presidido esta semana  la Comisión Mixta de Coordinación entre el Ministerio Fiscal y la Xunta, en la que se ha tratado la implantación de la nueva oficina judicial en Galicia, en el marco de la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia aprobada por el Gobierno central en enero.

En la reunión se evaluó el proceso de implantación del nuevo modelo organizativo en Galicia, que supondrá diversas adaptaciones, como la actualización de los modelos de referencia de las oficinas judiciales, la modificación de su reglamento y protocolos locales de actuación, la elaboración y aprobación de las relaciones de puestos de trabajo en consenso con las organizaciones sindicales, así como la asignación de personal, la adecuación de instalaciones, la implementación de aplicaciones informáticas, la gestión de archivos físicos y virtuales, y la puesta en marcha de planes de comunicación e información para las partes interesadas.

La Xunta ya está trabajando en el desarrollo de la oficina judicial con el objetivo de cumplir con los plazos establecidos por la ley. Entre los cambios previstos, los juzgados unipersonales pasarán a denominarse tribunales de instancia, mientras que los juzgados de paz se convertirán en oficinas de justicia, modificándose también su estructura para colaborar con los tribunales de instancia del partido judicial correspondiente.

La medida deberá aplicarse antes del 1 de julio en 38 de los 45 partidos judiciales de Galicia, con excepción de los situados en ciudades y capitales, que tendrán de plazo hasta el 31 de diciembre. Durante la reunión, la Xunta recordó que está pendiente de que el Gobierno central clarifique las funciones que podrán asumir las oficinas de justicia y de que se aprueben los modelos de referencia actualizados, necesarios para definir las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) en los municipios. Con el fin de evaluar la implantación del nuevo modelo organizativo, se propuso la creación de una subcomisión compuesta por dos representantes de la Xunta y dos de la Fiscalía Superior de Galicia.

En el encuentro también participaron, por parte de la Xunta, el director de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), Julián Cerviño, y el director general de Justicia, José Tronchoni, junto con otros representantes de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes. Por parte de la Fiscalía, asistieron la fiscal jefa de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado, Esmeralda Rasillo; el fiscal adscrito a dicha unidad, Raúl Martínez; y los fiscales jefes provinciales de las cuatro provincias gallegas.

Además de la implantación de la normativa estatal, se trataron otros asuntos como la dotación de medios tecnológicos, la posibilidad de realizar expurgo en algunas fiscalías, medidas de refuerzo de personal para atender determinados servicios y la creación de nuevas plazas. En este sentido, se aclaró que los funcionarios de justicia destinados a los actuales juzgados de paz, que se convertirán en oficinas de justicia municipales, desempeñarán tareas de tramitación procesal en los tribunales de instancia de la cabecera del partido judicial.

Por otro lado, en lo referente a los protocolos de actuación en traslados e ingresos no voluntarios y urgentes de personas con enfermedades o trastornos mentales, el conselleiro recordó que la Xunta cuenta con un grupo de trabajo en el que participan representantes de varias consellerías: Presidencia, Xustiza e Deportes (a través de la Dirección Xeral de Xustiza y el Instituto de Medicina Legal de Galicia, Imelga), Política Social e Igualdade y Sanidade (mediante el Servizo Galego de Saúde, Sergas, y la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia 061). También forma parte de este grupo el fiscal delegado de discapacidad en Galicia. Actualmente, se está elaborando un informe conjunto entre todas estas entidades con el objetivo de agilizar el proceso de ingresos no voluntarios.