La alcaldesa de Mos, senadora por Pontevedra y portavoz adjunta en el Senado, Nidia Arévalo, defendió ayer en el Pleno de la Cámara Alta una moción derivada de su interpelación al Ministro de Transportes, Óscar Puente, del pasado 11 de febrero, en la que volvió a exigir la gratuidad de la AP-9 como alternativa a la nueva A-52 y solución a la A-55.

Durante su intervención, Arévalo destacó que la AP-9, una de las autopistas más antiguas de España, conecta todas las ciudades gallegas del Eje Atlántico y las une con Portugal. Sin embargo, alertó nuevamente sobre el impacto negativo del trazado propuesto para la nueva Autovía A-52, que considera perjudicial tanto para el territorio como para la población de la área Metropolitana de Vigo.

La senadora reclamó que se abra un período de diálogo con los municipios afectados, que se libere la peaje del tramo Puxeiros-O Porriño de la AP-9, que coincide con la Autovía A-55, y que se propongan de forma urgente alternativas al trazado, especialmente por los graves efectos que tiene en la parroquia viguesa de Bembrive y en el municipio de Mos. Además, instó al Ministerio de Transportes a unificar los criterios de selección de las autopistas que se revierten y las peajes que se liberalizan, para contribuir a la igualdad en la vertebración de los territorios de España.

Arévalo también criticó que, mientras en otras zonas de España como la AP-7 se ha concedido la gratuidad de las peajes, en Galicia aún no se ha tomado una medida similar. En el debate de la moción, la senadora apeló al sentido común y al interés general, solicitando el apoyo de los grupos parlamentarios para esta iniciativa.

Durante su intervención, Nidia Arévalo destacó que la AP-9 tiene una intensidad media diaria de más de 25.000 vehículos a lo largo de su recorrido, superando los 40.000 en el tramo Vigo-Pontevedra. Además, denunció que la autopista tiene una de las peajes más caros de España, con un coste de 23,85 euros por trayecto.

Por último, la senadora puso de relieve los cuatro motivos por los que la AP-9 debería ser revertida: la petición unánime de los 3 millones de habitantes de Galicia, la solicitud de los transportistas para que la titularidad sea transferida a la Comunidad Autónoma, la solicitud también unánime del Parlamento de Galicia, y las negociaciones llevadas a cabo por la Xunta para gestionar dicha transferencia.