El Bloque Nacionalista Galego reclama avances por parte de la Xunta de Galicia para garantizar el derecho a una muerte digna. La formación nacionalista traslada así la preocupación de la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) ante los déficits de información y de recursos por parte del Gobierno gallego a la hora de ejercer este derecho.

Así lo ha demandado la diputada y portavoz de Sanidad del BNG en el Parlamento gallego, Montse Prado, quien mantuvo en Vigo una reunión con representantes de DMD Galicia junto con el portavoz municipal en la ciudad, Xabier P. Igrexas. “La Xunta no hace ningún esfuerzo por extender este derecho, lo que en la práctica está impidiendo o dificultando el ejercicio de morir dignamente”, lamentó Prado.

La diputada nacionalista consideró necesario dar más pasos a nivel legislativo, aunque advirtió que el principal obstáculo en la actualidad radica en el desarrollo de las distintas normas ya existentes. “La ley que no se cumple es papel mojado, y con ese papel mojado se están negando o dificultando el disfrute de derechos a las personas”, criticó.

Entre otras carencias, Prado denunció que el Sergas no está proporcionando información sobre el testamento vital ni a profesionales ni a la población, más allá de estar disponible en la página web. En ese sentido, criticó la falta de materiales divulgativos, como carteles o folletos, en los centros sanitarios.

Desde el BNG también alertaron sobre la insuficiente red de unidades habilitadas para formalizar el Documento de Instrucciones Previas (DIP), con tan solo 79 repartidas de forma muy desigual por el territorio gallego. Por este motivo, las iniciativas nacionalistas piden aumentar su número para que toda la población tenga una unidad cercana a su domicilio y no tenga que desplazarse varios kilómetros.

Prado advirtió asimismo de que la Secretaría General Técnica no está tramitando las DIP en el plazo máximo legal de dos meses, imponiendo en la práctica el silencio administrativo, así como de los retrasos de meses en la incorporación de esta información en la historia clínica de cada paciente. Estos obstáculos explican, a juicio del Bloque, que Galicia esté a la cola del Estado en el número de personas inscritas.

“Estos datos evidencian que la Xunta no hace ningún esfuerzo por extender este derecho, lo que en la práctica impide o dificulta el ejercicio del derecho a morir dignamente”, remachó la diputada nacionalista, reivindicando que la Administración garantice con medios suficientes que los gallegos y gallegas puedan decidir sobre el proceso final de su vida.

Violencia institucional

Por su parte, el portavoz municipal del BNG en Vigo, Xabier P. Igrexas, lamentó que la “burocratización excesiva y la dilatación de los plazos” provoquen que cerca de una de cada tres personas que solicitan la eutanasia fallezca antes de que le sea autorizada, según datos del propio Ministerio de Sanidad. “Impedir el ejercicio del derecho a una muerte digna es un ejemplo de violencia institucional que debe acabar”, señaló.

Igrexas subrayó que desde la entrada en vigor de la Ley, el área de Vigo representa el 25% de las solicitudes de eutanasia registradas en toda Galicia. Un dato que, apunta, demuestra la necesidad de que el Sergas “agilice los mecanismos y garantice una información completa para el ejercicio efectivo de este derecho, evitando añadir sufrimiento innecesario” a pacientes y familias, y atendiendo la demanda de los propios profesionales sanitarios de mayor formación y orientación en este procedimiento.