Galicia
Los ayuntamientos son los peores pagadores de la Administración
Las AAPP públicas pagan peor que nunca y los plazos de pago superan los del sector privado
Las administraciones no solo imponen normas que luego incumplen, sino que recurren a prácticas que maquillan los datos oficiales sobre morosidad, denuncia desde PMcM
![[Img #94429]](https://xornal21.com/upload/images/03_2025/3375_informe-morosidad-2024_pmcm.jpg)
El sector público en España ha empeorado sus plazos de pago y, por primera vez desde 2014, supera al sector privado en morosidad. Así lo denuncia la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) en su "Informe sobre Morosidad: Estudio Plazos de Pago en España 2024". La situación es alarmante: las administraciones tardan una media de 67 días en pagar, 12 días más que en 2023, mientras que el sector privado ha reducido su demora a 64 días. Ambos incumplen la Ley 15/2010, que establece un máximo de 30 días para la Administración y de 60 para las empresas.
El presidente de la PMcM, Antoni Cañete, reclama "una solución inmediata" y critica que "los gobiernos, para demostrar su verdadero compromiso, deben empezar por garantizar que cumplen con las reglas que ellos mismos dictan". En un contexto de creciente recaudación fiscal, no existe justificación para que las administraciones públicas incumplan los plazos que imponen al sector privado, en vez de dar ejemplo.
![[Img #94428]](https://xornal21.com/upload/images/03_2025/3314_nforme-morosidad-2024_pmcm.jpg)
El informe revela que el 61% de los proveedores se ven obligados a aceptar plazos de pago superiores a los permitidos por ley, sin consecuencias para los morosos. Además, el 92% de los proveedores no reclama la indemnización legal por costes de recobro y el 84% no exige intereses de demora. Esta situación, según Cañete, demuestra la ineficacia de una legislación que no penaliza su incumplimiento y evidencia la necesidad de un régimen sancionador.
Las administraciones locales son las peores pagadoras, según el 52% de los encuestados, seguidas por las regionales (28%) y la administración central (20%). En todos los niveles, los plazos legales se superan ampliamente, afectando gravemente a los proveedores, especialmente pymes y autónomos. Además, la PMcM denuncia prácticas irregulares como el presunto retraso deliberado en el registro de facturas, detectado en el Ayuntamiento de Lugo, que distorsiona los datos oficiales.
A nivel europeo, la Comisión mantiene la lucha contra la morosidad en su agenda para 2025 y se espera que el nuevo Reglamento Europeo contra la Morosidad, que prevé sanciones a empresas morosas, siga avanzando en su tramitación.
![[Img #94430]](https://xornal21.com/upload/images/03_2025/4668_e-morosidad-2024_pmcm.jpg)
Mientras tanto, en el sector privado, las grandes empresas siguen siendo las peores pagadoras: el 74% de los proveedores denuncia que les pagan fuera de plazo, con un 33% que recibe pagos a más de 90 días. Especialmente grave es la situación de los subcontratistas, que tardan una media de 88 días en cobrar, lo que, según la PMcM, convierte la cadena de pagos en un cuello de botella que permite a las grandes compañías financiarse a costa de sus proveedores.
La Generalitat ha anunciado medidas para pagar directamente a los subcontratistas y mejorar la liquidez de las empresas, pero la PMcM insiste en que el problema solo se resolverá con sanciones efectivas y un compromiso real de las administraciones. "No es aceptable que quienes imponen la ley sean los primeros en incumplirla", concluye Cañete.

El sector público en España ha empeorado sus plazos de pago y, por primera vez desde 2014, supera al sector privado en morosidad. Así lo denuncia la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) en su "Informe sobre Morosidad: Estudio Plazos de Pago en España 2024". La situación es alarmante: las administraciones tardan una media de 67 días en pagar, 12 días más que en 2023, mientras que el sector privado ha reducido su demora a 64 días. Ambos incumplen la Ley 15/2010, que establece un máximo de 30 días para la Administración y de 60 para las empresas.
El presidente de la PMcM, Antoni Cañete, reclama "una solución inmediata" y critica que "los gobiernos, para demostrar su verdadero compromiso, deben empezar por garantizar que cumplen con las reglas que ellos mismos dictan". En un contexto de creciente recaudación fiscal, no existe justificación para que las administraciones públicas incumplan los plazos que imponen al sector privado, en vez de dar ejemplo.
El informe revela que el 61% de los proveedores se ven obligados a aceptar plazos de pago superiores a los permitidos por ley, sin consecuencias para los morosos. Además, el 92% de los proveedores no reclama la indemnización legal por costes de recobro y el 84% no exige intereses de demora. Esta situación, según Cañete, demuestra la ineficacia de una legislación que no penaliza su incumplimiento y evidencia la necesidad de un régimen sancionador.
Las administraciones locales son las peores pagadoras, según el 52% de los encuestados, seguidas por las regionales (28%) y la administración central (20%). En todos los niveles, los plazos legales se superan ampliamente, afectando gravemente a los proveedores, especialmente pymes y autónomos. Además, la PMcM denuncia prácticas irregulares como el presunto retraso deliberado en el registro de facturas, detectado en el Ayuntamiento de Lugo, que distorsiona los datos oficiales.
A nivel europeo, la Comisión mantiene la lucha contra la morosidad en su agenda para 2025 y se espera que el nuevo Reglamento Europeo contra la Morosidad, que prevé sanciones a empresas morosas, siga avanzando en su tramitación.
Mientras tanto, en el sector privado, las grandes empresas siguen siendo las peores pagadoras: el 74% de los proveedores denuncia que les pagan fuera de plazo, con un 33% que recibe pagos a más de 90 días. Especialmente grave es la situación de los subcontratistas, que tardan una media de 88 días en cobrar, lo que, según la PMcM, convierte la cadena de pagos en un cuello de botella que permite a las grandes compañías financiarse a costa de sus proveedores.
La Generalitat ha anunciado medidas para pagar directamente a los subcontratistas y mejorar la liquidez de las empresas, pero la PMcM insiste en que el problema solo se resolverá con sanciones efectivas y un compromiso real de las administraciones. "No es aceptable que quienes imponen la ley sean los primeros en incumplirla", concluye Cañete.
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