Carmela González Iglesias, diputada del BNG, ha denunciado en el Parlamento Gallego las condiciones laborales precarias que enfrentan las personas trabajadoras con discapacidad en el Centro Especial de Empleo Ilunion Servicios Industriales (ISI) en Vigo. La situación laboral sigue siendo insostenible, a pesar de las promesas del Gobierno Gallego de realizar una auditoría sobre las ayudas públicas recibidas por la empresa.

Durante su intervención en la comisión, González recriminó a la directora Xeral de Traballo Autónomo e Economía Social, Marta Mariño, que tres años después de los compromisos, la auditoría sigue sin realizarse y las condiciones laborales han empeorado.

La diputada destacó que las personas trabajadoras del sector automotriz ya enfrentan condiciones laborales duras, pero que la situación de los trabajadores con discapacidad es aún más grave. En el caso específico de Ilunion, estas personas desarrollan las mismas tareas que el resto del personal sin discapacidad, pero con peores condiciones laborales y salarios más bajos. Además, la falta de adaptación de los puestos de trabajo agrava la situación, vulnerando los derechos de estas personas.

González también recordó las promesas incumplidas de la anterior conselleira de Emprego, Mª Jesús Lorenzana, quien se comprometió a auditar las ayudas recibidas por Ilunion y a mejorar las condiciones laborales. A pesar de que han pasado más de dos años, el Gobierno Gallego no ha tomado medidas efectivas para garantizar el cumplimiento de las normativas laborales y mejorar la situación en este centro especial de empleo.

En su intervención, la diputada también subrayó que la situación se ha agravado con la represión sindical ejercida por la empresa y el incremento de contrataciones a través de empresas de trabajo temporal. De las 900 personas que trabajan en el centro, 196 son personal sin discapacidad contratado mediante una ETT, lo que, además de agravar la inestabilidad laboral, no cumple con la normativa que exige una contratación mínima del 70% de personas con discapacidad.

Ilunion también enfrenta denuncias por prácticas represivas contra sus trabajadores, y el Comité de Empresa ha recabado sentencias favorables, aunque la empresa no ha cumplido con ellas. González indicó que la Inspección de Trabajo está al tanto de la situación y resaltó que es responsabilidad de las administraciones regular las ayudas para asegurar que las personas con discapacidad puedan acceder a un empleo sin ser discriminadas.

Por último, la diputada del BNG destacó otros incumplimientos, como los relacionados con el calendario laboral, la gestión de complementos salariales y la negociación del plan de igualdad, que fue aprobado sin la debida negociación con la representación sindical.

El BNG dejó claro que Ilunion está utilizando las ayudas de la Xunta para fines empresariales, sin garantizar las condiciones necesarias para la inclusión real de las personas con discapacidad en el mercado laboral. Ante las protestas de los trabajadores por los salarios bajos, los altos ritmos de trabajo y la falta de formación obligatoria, la empresa ha intensificado una campaña represiva contra los representantes sindicales, basada en amenazas, coacciones y sanciones.