La Xunta de Goberno del Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia ha manifestado su rechazo a la Ley de Servicios de los Medios Públicos de Comunicación Audiovisual de Galicia para la Sociedad Digital, recientemente aprobada en el Parlamento gallego. Según el organismo, la nueva normativa reduce la libertad de prensa, desvaloriza el trabajo periodístico, incumple las directrices europeas y rompe los consensos previos sobre la gestión de los medios públicos en la comunidad.

El Colexio de Xornalistas ya había expresado su preocupación desde la presentación del anteproyecto en julio del pasado año, advirtiendo que la reforma refuerza el control gubernamental sobre los medios públicos. Entre los cambios más significativos, destaca la eliminación de mecanismos clave de la anterior Ley 9/2011, como la elección por mayoría cualificada de la dirección general, el Estatuto Profesional y el Consello de Informativos. Además, se desaprovecha la oportunidad de blindar el carácter público de los servicios informativos, garantizar el uso exclusivo del gallego y dotar a la estructura de medios de recursos adecuados, así como de órganos de control realmente independientes.

El organismo también señala que la nueva ley contradice el Reglamento sobre la Libertad de los Medios de Comunicación aprobado por el Parlamento Europeo, que advierte contra las reformas que aumentan el control gubernamental sobre los medios públicos, especialmente en lo relativo al nombramiento de sus órganos directivos.

Asimismo, el proceso legislativo ha sido criticado por la falta de consenso. Mientras que la anterior normativa contó con el apoyo de dos de los principales partidos gallegos, la nueva legislación ha sido aprobada sin respaldo de la oposición ni del sector periodístico. Según el Colexio, las propuestas del gremio fueron ignoradas y solo se aceptaron tres de las cerca de 70 enmiendas presentadas, consideradas "insustanciales" incluso por quienes las promovieron.

El CPXG reitera su compromiso con la independencia de la radio y la televisión públicas gallegas, defendiendo la necesidad de evitar injerencias políticas para garantizar el derecho de la ciudadanía a una información libre y plural.