La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, ha reclamado  en Madrid que la reforma de la Ley de Dependencia vaya acompañada de un estudio de costes y de la financiación necesaria para sostener el sistema. Durante su intervención en el Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, denunció que el Gobierno central sigue incumpliendo su compromiso de aportar el 50% del gasto en dependencia, reduciendo su aportación en Galicia del 40% en 2023 al 34,9% en 2024, lo que ha generado una deuda acumulada de más de 2.500 millones de euros.

García alertó de que sin una financiación adecuada “no es posible un avance real” y criticó que la reforma de la ley incorpore medidas que ya estaban en vigor desde 2023, como la teleasistencia universal o la compatibilidad de servicios. También denunció que la ampliación del Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF) a actividades fuera del domicilio se haya hecho “sin contar con las comunidades autónomas ni los ayuntamientos, que son los que lo financian y gestionan”.

Además, solicitó la actualización del baremo de dependencia, la mejora de los criterios de financiación teniendo en cuenta el envejecimiento y la dispersión de la población, y advirtió de que el Gobierno central “corre el riesgo de repetir con la Ley ELA el mismo error que con la dependencia”, ya que sigue sin dotarla de presupuesto cuatro meses después de su entrada en vigor.