En numerosos municipios, especialmente en los más pequeños, la preocupación por el mal estado de las carreteras locales es un tema recurrente entre los vecinos. A pesar de contribuir con multas e impuestos elevados, entre ellos el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, los ciudadanos no ven reflejada esa cuota en una mejora real de la infraestructura vial. La frustración crece, ya que la seguridad en las vías no parece ser una prioridad clara para las autoridades.

El mal uso de los recursos municipales

Uno de los ejemplos más llamativos de la mala gestión de los fondos públicos es la utilización de las indemnizaciones de las aseguradoras tras accidentes de tráfico. Estas compensaciones deberían destinarse a la reparación de la señalización dañada, pero en muchos casos, los ayuntamientos desvían estos fondos a otras partidas presupuestarias sin relación con la seguridad vial.

Un empresario del sector de los seguros lo confirma a Xornal21: “Es común que, tras cobrar por los daños ocasionados a la señalización, los municipios nunca repongan los carteles o señales dañadas”. Esta práctica deja expuestos a los conductores y peatones a situaciones de peligro, al no contar con la información visual necesaria para circular con seguridad.

El testimonio de los ciudadanos

Los vecinos, conscientes de que financian estos impuestos, han comenzado a denunciar públicamente la falta de acción de las administraciones. En un municipio de la provincia de Pontevedra, con 15.000 habitantes, un residente denuncia que lleva más de un año y medio esperando a que el concejal de obras públicas coloque un espejo de seguridad vial en una carretera con escasa visibilidad. "He hablado en múltiples ocasiones con el concejal, y lo único que me da son excusas. Estoy por comprarlo y colocarlo yo mismo", se lamenta, reflejando la desesperación de muchos ciudadanos.

Situaciones como esta evidencian una gestión deficiente, donde las necesidades básicas en seguridad vial quedan relegadas a un segundo plano.

La calidad del asfaltado: otro ejemplo de desidia

Xornal21 ha consultado a un ingeniero especializado en infraestructuras viales, quien advierte que la ausencia de supervisión técnica en las obras de asfaltado podría responder a intereses opacos en la gestión de los fondos públicos. Según explica, muchos concellos adjudican estos proyectos a empresas específicas, algunas de las cuales presentan ofertas económicas a la baja que comprometen la calidad del trabajo. A pesar de que la normativa exige un control riguroso de las calidades, en la práctica no se realizan catas ni inspecciones técnicas para verificar si el grosor y la resistencia del pavimento cumplen con los estándares exigidos. Esta falta de fiscalización no solo genera sospechas sobre posibles irregularidades, sino que también compromete la seguridad y durabilidad de la infraestructura vial.

A pesar de que el asfaltado representa la mayor parte del presupuesto en infraestructuras viarias, su ejecución sigue siendo deficiente. La normativa exige que el espesor del firme compactado oscile entre 5 y 15 centímetros, según el tráfico que soporte la vía. No obstante, en muchas carreteras locales se aplican capas mínimas, muy por debajo de estos estándares, lo que acelera su deterioro. En pocas semanas, baches y socavones empiezan a aparecer sin que las administraciones tomen medidas correctivas. La adjudicación reiterada de contratos a empresas que no garantizan la calidad exigida, sumada a la ausencia de inspecciones rigurosas, refuerza la percepción de una gestión ineficaz y poco transparente de los fondos destinados a la seguridad vial.

Señalización en estado alarmante

La situación de la señalización vial también es motivo de preocupación. En muchas carreteras locales, las señales de Stop, límites de velocidad y advertencias de peligro están tan deterioradas que resultan ilegibles.

La falta de mantenimiento en la señalización vial no solo pone en riesgo la seguridad de conductores y peatones, sino que también complica la labor de las fuerzas de seguridad encargadas de hacer cumplir las normas de tráfico. Según aseguran fuentes consultadas, "no es lo mismo que un conductor no respete una señal de STOP visible y en buen estado a que se salte una completamente oxidada y prácticamente ilegible". En este último caso, la "falta de visibilidad de la señal reduce la capacidad de reacción y puede derivar en accidentes evitables". Además, señalan que "tampoco se puede sancionar a alguien que aparque en un espacio reservado para personas con discapacidad cuando la señalización está tan dañada que no es legible". A pesar de la gravedad de la situación, las administraciones locales siguen sin asumir su responsabilidad, ignorando el evidente deterioro de muchas señales de tráfico que persiste durante décadas.

Un creciente malestar ciudadano

Cansados de la inacción, cada vez más ciudadanos están recurriendo a la vía legal para exigir responsabilidades a las autoridades municipales por no garantizar la seguridad en las carreteras. Las denuncias, tanto en el ámbito civil como penal, van en aumento, especialmente en casos de accidentes graves o con víctimas, donde los afectados estudian emprender acciones legales contra las administraciones por negligencia. La indignación crece y, con ella, la demanda de una gestión transparente y eficaz de los fondos públicos para evitar daños que podrían prevenirse con un mantenimiento adecuado de las vías.

Las autoridades municipales podrían enfrentarse a diversas acciones legales, como la prevaricación administrativa si se comprueba que tomaron decisiones injustas, como adjudicar contratos a empresas no conforme con la normativa o ignorar informes sobre el estado de las carreteras. También se podría atribuir un delito de lesiones imprudentes en caso de accidentes derivados de negligencia en la conservación de la infraestructura, e incluso homicidio imprudente en accidentes mortales causados por el mal estado de la carretera. Además, las víctimas podrían reclamar indemnizaciones por responsabilidad patrimonial de la Administración si el daño sufrido es consecuencia directa de la deficiencia en la conservación de las infraestructuras.

Señalización de obra deficiente y peligrosa

Otro problema grave es la señalización improvisada tras inclemencias meteorológicas o durante obras viales. Es común encontrar "chapuzas" evidentes, como palos con trapos o cintas atadas a modo de advertencia. En algunos casos, incluso se utilizan botes de pintura clavados en palos de escoba para alertar sobre peligros en la vía.

Estas soluciones improvisadas, además de ser ineficaces, generan confusión y riesgos adicionales para los conductores. A ello se suma que, en muchas ocasiones, los operarios municipales trabajan sin la señalización preventiva adecuada, incumpliendo las normativas de prevención de riesgos laborales.

Una gestión que pone en peligro la seguridad vial

La falta de interés y desidia por parte de las autoridades locales no solo genera una pérdida de recursos, sino que, lo que es más grave, pone en riesgo la vida de los ciudadanos. Los ayuntamientos, encargados de recaudar impuestos, tienen la obligación de invertir esos fondos de manera responsable, garantizando infraestructuras seguras y funcionales.

El estado de muchas carreteras locales debería ser motivo de investigación exhaustiva, con una rendición de cuentas clara por parte de las autoridades. Expertos en seguridad coinciden en que la pasividad administrativa es inaceptable y debe abordarse con urgencia y mayor transparencia. Mientras tanto, los ciudadanos continúan exigiendo soluciones y, sobre todo, responsabilidad por parte de quienes tienen en sus manos la gestión de la seguridad vial.