Galicia
El TSXG anula parcialmente un decreto de la Xunta por privatizar procedimientos de evaluación ambiental
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha anulado parcialmente el decreto de la Xunta que regulaba las Entidades de Colaboración Ambiental (ECA), al considerar que favorece una privatización parcial de los procedimientos de evaluación ambiental. La sentencia afecta a varios artículos del decreto, específicamente los artículos 27, 28.1 (inciso final) y 29.5, y da la razón a la Confederación Intersindical Galega, que presentó el recurso.
La Sala subraya que la creación de las ECA y la completa externalización de la tramitación de la evaluación ambiental vulneran varios principios legales. En particular, destacan que la redacción del artículo 27 del Decreto infringe la normativa sobre el empleo público, al trasladar a empresas privadas funciones que corresponden a funcionarios públicos. Además, advierten que no existen mecanismos de control sobre el trabajo de las ECA, lo que convierte a la administración en una simple ratificadora de decisiones ajenas.
El TSXG también critica que, al externalizarse toda la tramitación del procedimiento ambiental, se permita que las ECA asuman funciones administrativas clave, como la evaluación de informes sectoriales o la determinación de la necesidad de nuevos trámites. Esta situación, según los magistrados, despoja a los órganos públicos competentes de su capacidad real de decisión, lo que equivale a una "privatización" de la tramitación.
Sin embargo, el tribunal considera conforme a derecho un apartado del Decreto relativo a funciones auxiliares de las ECA, como la toma de muestras y verificaciones técnicas, siempre y cuando estas actividades no correspondan a funciones reservadas a funcionarios públicos.
La sentencia aún no es firme, ya que cabe presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha anulado parcialmente el decreto de la Xunta que regulaba las Entidades de Colaboración Ambiental (ECA), al considerar que favorece una privatización parcial de los procedimientos de evaluación ambiental. La sentencia afecta a varios artículos del decreto, específicamente los artículos 27, 28.1 (inciso final) y 29.5, y da la razón a la Confederación Intersindical Galega, que presentó el recurso.
La Sala subraya que la creación de las ECA y la completa externalización de la tramitación de la evaluación ambiental vulneran varios principios legales. En particular, destacan que la redacción del artículo 27 del Decreto infringe la normativa sobre el empleo público, al trasladar a empresas privadas funciones que corresponden a funcionarios públicos. Además, advierten que no existen mecanismos de control sobre el trabajo de las ECA, lo que convierte a la administración en una simple ratificadora de decisiones ajenas.
El TSXG también critica que, al externalizarse toda la tramitación del procedimiento ambiental, se permita que las ECA asuman funciones administrativas clave, como la evaluación de informes sectoriales o la determinación de la necesidad de nuevos trámites. Esta situación, según los magistrados, despoja a los órganos públicos competentes de su capacidad real de decisión, lo que equivale a una "privatización" de la tramitación.
Sin embargo, el tribunal considera conforme a derecho un apartado del Decreto relativo a funciones auxiliares de las ECA, como la toma de muestras y verificaciones técnicas, siempre y cuando estas actividades no correspondan a funciones reservadas a funcionarios públicos.
La sentencia aún no es firme, ya que cabe presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
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