El Grupo Popular pide al Gobierno de España un informe que justifique la inviabilidad del rescate de la AP-9

El Grupo Popular en el Parlamento de Galicia ha solicitado al Gobierno de España la elaboración de un informe que justifique por qué el rescate de la concesión de la AP-9 no es viable. En este documento, los populares exigen que se detalle una estimación del coste que supondría dicho rescate, así como el gasto que el Estado tendría que afrontar en bonificaciones de peajes hasta el final de la concesión en 2048.

El portavoz popular, Alberto Pazos, ha subrayado que este informe sería “un ejercicio de transparencia” que permitiría a todas las partes “jugar con las mismas cartas” y valorar con objetividad las opciones sobre el futuro de la autopista. Esta petición llega después de que la secretaria general de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento afirmara en el Congreso que el rescate de la AP-9 “no es viable por el altísimo volumen de gastos que conllevaría, inasumibles para el Estado en este momento”.

Contradicciones en el Gobierno

Pazos recordó que esta declaración se produjo apenas dos días después de que el reelegido secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, anunciara en Santiago de Compostela, en presencia del presidente Pedro Sánchez, que “nosotros llegaremos a la liberación de los peajes”. “Un anuncio que hizo ante el mismísimo Sánchez, quien no dijo ni una palabra a pesar de saber perfectamente que lo que estaba vendiendo Caballero era mentira”, criticó el portavoz popular.

El Grupo Popular ha denunciado la falta de claridad y coherencia en las declaraciones del Gobierno central y ha exigido que se elabore un informe detallado que justifique la decisión de no rescatar la concesión. “Desconocemos los argumentos sobre los que se sustenta esta decisión, por lo que vamos a solicitar a través de una iniciativa en el Parlamento gallego que el Gobierno central elabore con urgencia un informe que la justifique”, explicó Pazos.

El “baile de cifras” y los costes del rescate

Pazos también criticó el “baile constante de cifras” ofrecido por el Ministerio de Fomento para valorar el rescate de la AP-9. “Un día hablan de 4.000 millones y al siguiente de 6.000 millones, cuando lo que sí sabemos es que el Estado ya tiene reservados 3.150 millones de euros para abonar a la empresa concesionaria por las bonificaciones de peajes hasta 2048”, señaló.

Según un informe encargado por la Xunta a una consultora especializada, el rescate de la AP-9 tendría un coste máximo de 2.331 millones de euros, una cifra inferior a los 3.150 millones que el Estado ya ha destinado a las bonificaciones. “Exigimos seriedad y que el Gobierno central cumpla los compromisos anunciados a los gallegos, liberando los peajes de la AP-9 y procediendo a su transferencia a Galicia, como se ha acordado en este Parlamento en numerosas ocasiones”, demandó Pazos.

Bloqueo en el Congreso y condonación de deuda

El portavoz popular también se refirió al bloqueo que sufre en el Congreso la proposición de ley aprobada por unanimidad en el Parlamento gallego para la transferencia de la AP-9. “La Mesa del Congreso, con su presidenta a la cabeza, ha prorrogado 23 veces el plazo para la presentación de enmiendas a esta proposición”, denunció.

Además, Pazos criticó la propuesta del Gobierno de Sánchez de condonar parte de la deuda de las comunidades autónomas, una medida que, según él, perjudica especialmente a Galicia. “Cada gallego verá incrementada su deuda en casi 220 euros, mientras que otras comunidades serán beneficiadas. Esto es inaceptable”, afirmó.

Llamamiento a la rectificación

Para finalizar, Pazos expresó su decepción por la actitud del BNG, especialmente de su portavoz, Ana Pontón, ante los ataques machistas contra la conselleira de Política Social y los incidentes ocurridos durante las protestas contra el proyecto de Altri. “Aún están a tiempo de rectificar y condenar estos comportamientos”, concluyó.

El Grupo Popular ha dejado claro que seguirá presionando para que el Gobierno central aclare su posición sobre la AP-9 y cumpla con los compromisos adquiridos con los gallegos, mientras denuncia lo que considera una falta de transparencia y coherencia en la gestión de este asunto.