En una sentencia que sienta un precedente clave, el Juzgado Contencioso-Administrativo de Pontevedra ha anulado una factura de 15.600 € impuesta por UFD Distribución, filial del Grupo Naturgy, por un supuesto “fraude eléctrico” que la compañía no pudo demostrar. El fallo, firme y contundente, da la razón al titular del contrato de suministro y desmonta las prácticas cuestionables de la empresa.

El caso se remonta a una refacturación que UFD intentó cobrar alegando una manipulación fraudulenta en el contador de electricidad de una lavandería. Sin embargo, el juzgado determinó que no había pruebas sólidas para respaldar esta acusación. De hecho, el contador había sido reprogramado por la propia compañía en 2021, un detalle que UFD omitió en su defensa.

El juez destacó que, aunque la consumidora actuó de buena fe al notificar el problema, la empresa tardó 16 meses en inspeccionar el contador. Este retraso, sumado a la falta de pruebas concluyentes, llevó al tribunal a considerar nula la refacturación.

Un patrón preocupante

Este caso no es aislado. Las refacturaciones basadas en alegaciones de fraude sin pruebas fehacientes se han convertido en una práctica recurrente en el sector eléctrico, afectando especialmente a pequeños negocios y consumidores vulnerables. La sentencia subraya que las “Actas de Inspección”, emitidas por técnicos que solo se identifican con un código y no con su nombre completo o DNI, no pueden considerarse pruebas válidas de delito.

Además, el juzgado criticó las visitas sin previo aviso al titular del contrato, una práctica que vulnera los derechos fundamentales del consumidor y lo deja en una situación de indefensión.

Una victoria para los consumidores

El equipo jurídico de Sedif Legal, que llevó la defensa del titular del contrato, celebró la sentencia como un triunfo contra los abusos de las compañías eléctricas. “Esta decisión refuerza la necesidad de que los consumidores denuncien estas prácticas abusivas. Las empresas no pueden actuar como juez y parte, imponiendo cargas económicas sin pruebas sólidas”, afirmaron.

La sentencia no solo anula la factura en cuestión, sino que también envía un mensaje claro al sector: las acusaciones de fraude deben estar respaldadas por evidencias concretas, no por meras sospechas.

¿Un cambio de rumbo?

Este fallo podría marcar un punto de inflexión en la lucha contra las prácticas abusivas de las eléctricas. Mientras los consumidores y pequeños negocios siguen enfrentándose a facturas desorbitadas y acusaciones infundadas, decisiones judiciales como esta abren la puerta a una mayor protección y justicia.

Por ahora, la lavandería de Pontevedra puede respirar tranquila, pero la batalla contra los abusos del sector eléctrico está lejos de terminar. La pregunta es: ¿será esta sentencia el inicio de un cambio real? Solo el tiempo lo dirá.