La Organización Galega de Comunidades de Montes ha decidido iniciar una movilización ciudadana en respuesta al borrador de la nueva ley reguladora de montes, conocido como “Libro Branco”, impulsado por la Consellería de Medio Rural. Durante una asamblea celebrada este fin de semana en Vigo, a la que asistieron un centenar de presidentes de comunidades, se acordó que la protesta pública es la vía más efectiva para expresar su desacuerdo con la normativa.

Según la organización, el borrador de la ley representa una amenaza para el modelo de gestión tradicional de los montes gallegos. Violeta de Santiago, coordinadora de la entidad, afirmó que la normativa busca eliminar el carácter germánico de las comunidades, lo que permitiría a la Xunta asumir un mayor control sobre su titularidad y, en algunos casos, transferirla a los Concellos. Esta medida afectaría especialmente a las comunidades consideradas en estado de abandono.

“Consideramos que esta ley es una intromisión en nuestra autonomía y un riesgo para la conservación de los montes”, declaró De Santiago durante el encuentro, celebrado en Valadares. La organización también criticó que la normativa podría abrir la puerta a la comercialización de los montes, algo que, según ellos, va en contra de su tradición y función social.

Frente a esta situación, la organización ha optado por la movilización como herramienta principal para hacer oír su voz. Entre las acciones previstas, se plantea la organización de una manifestación multitudinaria en los próximos meses. Además, mantienen contactos con partidos políticos y esperan una reunión con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para buscar apoyos y alternativas.

Por su parte, la Consellería de Medio Rural defiende que el “Libro Branco” busca modernizar la gestión de los montes y garantizar su conservación, especialmente en aquellos casos en los que las comunidades no han podido mantener su actividad. La Xunta asegura que la normativa no pretende despojar a las comunidades de su titularidad, sino optimizar su gestión en beneficio de todos los gallegos.

El debate sobre la nueva ley de montes ha abierto un frente de conflicto entre las comunidades y la administración autonómica, y las movilizaciones anunciadas podrían marcar el inicio de un proceso de negociación más amplio.