DEPORTES
La Xunta cambiará la Ley del Deporte para actuar contra la violencia
El conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes, Diego Calvo, anunció esta semana en una comparecencia en el Parlamento gallego que, como medida disuasoria, la Xunta propondrá la modificación de la Ley 3/2012 del deporte de Galicia para que el Gobierno gallego pueda ejercer la acción popular en los procedimientos penales por violencia en el deporte, bajo las condiciones establecidas en la legislación procesal. Esta medida supone “un paso más” en la lucha contra esta lacra, junto con medidas ya vigentes como el pionero Protocolo de protección de niños, niñas y adolescentes frente a la violencia en el deporte en Galicia y desde la Comisión Gallega de Control de la Violencia. En este sentido, destacó la importancia de inculcar los valores del deporte en las generaciones más jóvenes y denunció los incidentes relacionados con la violencia en el deporte, para los que reclamó “tolerancia cero”.
En el ámbito deportivo, la Xunta continuará manteniendo su apoyo al deporte desde la base con iniciativas como el programa Xogade hasta el alto nivel. En cuanto a las infraestructuras deportivas, el Diario Oficial de Galicia publica hoy la declaración de interés autonómico del proyecto del Centro de Alto Rendimiento de Galicia, con la previsión de licitar a finales de 2026 los proyectos de las obras de las instalaciones. Este será el tercer centro de estas características en España y permitirá consolidar la comunidad como referente deportivo nacional e internacional, con una inversión de más de 30 millones de euros.
En el ámbito exterior, el conselleiro explicó que la Xunta seguirá defendiendo en la Unión Europea los intereses de los gallegos y amplificando todo lo posible la voz de Galicia en Europa. Así, se continuará fortaleciendo la conexión con el país vecino desde la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal, y el próximo mes de mayo se marcará un nuevo hito con la constitución de una nueva Agrupación Europea de Cooperación Territorial. Será la agrupación de la Raia Seca, que abarca casi 3.200 kilómetros de superficie, 18 municipios de ambas márgenes de la frontera y 72.000 habitantes. Se suma a las agrupaciones de la Eurociudad de Chaves-Verín y la de la Raia Húmida del río Miño, y supone la cobertura total de la frontera entre Galicia y el Norte de Portugal con organizaciones estables de cooperación que trabajarán para desarrollar proyectos conjuntos y optar a fondos europeos.
Por otro lado, con el objetivo de dotar a la ciudadanía del mejor transporte público, la Xunta habilitará en modo de prueba la nueva aplicación móvil MoBT. Las personas usuarias podrán utilizarla para pagar sus desplazamientos a través de la identificación de un código QR en dos concesiones de transporte autonómico, es decir, en todas las líneas que discurren por el este de la comarca de Santiago y el norte de la comarca del Deza, que conecta Santiago de Compostela con Touro y Arzúa, y en la Línea Conecta que une A Coruña y Lugo.
Con la nueva APP MoBT se aplicarán automáticamente los descuentos a los que tengan derecho los usuarios y, además, podrán planificar viajes, realizar reservas en servicios bajo demanda, consultar el histórico de viajes y gestionar el monedero virtual. Diego Calvo también señaló que el servicio QR Xente Nova, que permite llevar la Tarjeta Xente Nova destinada a menores de 21 años en el móvil, está en fase piloto en líneas de Ferrol, Ourense y el área metropolitana de A Coruña, y se extenderá este año a las 127 concesiones de autobús interurbano de la Xunta.
En materia de movilidad, el conselleiro de Presidencia avanzó que tras el inicio en enero de la primera Línea Conecta entre A Coruña y Lugo, se pondrá en funcionamiento la segunda línea de los servicios directos entre ciudades gallegas, con la previsión de que comience a operar antes de finales de este año.
En su comparecencia también reclamó para Galicia un transporte ferroviario acorde a lo que demanda la ciudadanía, pero lamentó la falta de avances del Ejecutivo estatal en infraestructuras estratégicas como el AVE Vigo-Porto o el Corredor Atlántico. Tampoco hay avances, agregó, en la llegada de la alta velocidad a Ferrol o Lugo, en la conexión con el puerto vigués de Bouzas, en la modernización del Tren Celta, en la variante de Cerdedo ni en la variante de Betanzos o en la exterior de Ourense. De igual modo, explicó que la Xunta lleva ocho meses esperando al interlocutor con Renfe comprometido por el Gobierno central para abordar la situación de estas obras o las incidencias en los servicios ferroviarios. Así, agregó que con los trenes Avril se incumplieron las frecuencias comprometidas y tampoco se han recuperado las frecuencias de los servicios de media distancia previos a la pandemia.
En su intervención, Diego Calvo destacó el compromiso del Gobierno gallego con las entidades locales, con una inversión récord de 627 millones de euros, de los cuales 168,1 millones de euros —10 millones más que el año pasado— corresponden al Fondo de Cooperación Local, con el que Galicia fue pionera en fijar la participación de las entidades locales en los presupuestos de la Xunta. De este modo, el Gobierno gallego compensa los desfases a nivel estatal, por lo que el conselleiro instó al Gobierno central a modificar el sistema de financiación local de manera paralela a la negociación del financiamiento autonómico. Cabe recordar que solo con las ayudas de la Dirección General de Administración Local se movilizaron el año pasado 32 millones de euros en 700 proyectos. Es decir, de los 313 municipios, el 97% pidieron ayudas y de los 303, 289 obtuvieron apoyos, lo que supone el 92%.
En el ámbito local, la Xunta trabaja en el anteproyecto de la Ley de Administración Local de Galicia, que avanza en su tramitación para poder remitirlo al Parlamento de Galicia este año. La futura norma se adaptará a la realidad actual, modernizando el marco jurídico de las entidades locales para potenciar su autonomía. Entre sus novedades se incluye la figura de las áreas funcionales de carácter temporal como fórmula de cooperación durante un máximo de cinco años, cuando se debería constituir como entidad local de carácter supramunicipal.
En el marco de la colaboración con las entidades locales y, pese a ser una competencia municipal, la Xunta colabora con el funcionamiento y equipamiento de los servicios de emergencias, tanto en los consorcios provinciales contraincendios y de los Grupos de Emergencias Supramunicipales (GES) —de los que el Gobierno gallego asume el 50% de su funcionamiento— como en las Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil (AVPC). Además, estos efectivos reciben la formación necesaria desde la Academia Gallega de Seguridad Pública (AGASP).
En el ámbito de las emergencias, el conselleiro de Presidencia destacó la relevancia de “apostar por la prevención para estar lo mejor preparados para afrontar cualquier incidencia activando los protocolos con los que minimizar las consecuencias de estas situaciones”. Así, la Administración autonómica continuará actualizando los planes de emergencias, evaluará con simulacros los vigentes y en los próximos meses se elaborarán nuevos como el Plan especial ante riesgo radiológico en Galicia (Perrgal) y otro ante los riesgos derivados de los fenómenos meteorológicos (Meteogal).
En materia de seguridad, reclamó al Ministerio del Interior la cobertura de las 157 plazas vacantes en la Unidad de Policía Nacional Adscrita de Galicia (UPA), que actualmente cuenta con 343 agentes frente a los 500 que le corresponden en la comunidad, y advirtió que este déficit redunda en detrimento del cumplimiento de las competencias asumidas. En la intervención, comparó esta situación con la de Cataluña, ya que mientras Galicia tiene este déficit, en Cataluña el Gobierno central le ha concedido un incremento de 4.000 agentes para que en 2030 disponga de un total de 26.800.
Por otra parte, en lo que respecta a la Administración de Justicia, ya se está trabajando en la implantación de la ley estatal de medidas en materia de eficiencia del servicio público de Justicia, que el conselleiro señaló como un “reto” debido al cambio que supone la creación de las oficinas de justicia en los municipios, y lamentó que estas modificaciones estructurales no vengan acompañadas desde el Ejecutivo estatal con recursos para su aplicación.
El conselleiro también recordó que este año el Ministerio de Justicia no comunicó la creación de nuevas unidades judiciales en la comunidad. De hecho, en la petición que se trasladó el pasado mayo en la Comisión Mixta de Justicia entre la Xunta y el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, se insistió en la necesidad de, entre otras unidades, poner en marcha un juzgado de Violencia sobre la Mujer en el partido judicial de Santiago de Compostela.
En este ámbito, la Xunta continuará promoviendo actuaciones transversales con otros departamentos con iniciativas innovadoras, como el plan de prevención y postvención de las conductas suicidas del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) en colaboración con el Servicio Gallego de Salud (Sergas). Se trata de un proyecto pionero con el objetivo de establecer perfiles epidemiológicos y ofrecer la posibilidad de realizar la autopsia psicológica a las familias de las personas fallecidas o identificar factores de riesgo, lo que permitirá a los servicios asistenciales fijar un plan estratégico de prevención de la salud mental.
En cuanto a la asistencia a las víctimas, se ofrecerá una atención integral, coordinada y especializada desde las Oficinas de asistencia a las víctimas del delito y la Xunta dará un paso más con la activación de una oficina virtual que ofrecerá asistencia urgente cuando se necesite el servicio y no sea posible desplazarse a las oficinas físicas.
Por último, seguirán reclamando al Gobierno central, “de manera paulatina y sosegada”, la transferencia de nuevas competencias para Galicia.
El conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes, Diego Calvo, anunció esta semana en una comparecencia en el Parlamento gallego que, como medida disuasoria, la Xunta propondrá la modificación de la Ley 3/2012 del deporte de Galicia para que el Gobierno gallego pueda ejercer la acción popular en los procedimientos penales por violencia en el deporte, bajo las condiciones establecidas en la legislación procesal. Esta medida supone “un paso más” en la lucha contra esta lacra, junto con medidas ya vigentes como el pionero Protocolo de protección de niños, niñas y adolescentes frente a la violencia en el deporte en Galicia y desde la Comisión Gallega de Control de la Violencia. En este sentido, destacó la importancia de inculcar los valores del deporte en las generaciones más jóvenes y denunció los incidentes relacionados con la violencia en el deporte, para los que reclamó “tolerancia cero”.
En el ámbito deportivo, la Xunta continuará manteniendo su apoyo al deporte desde la base con iniciativas como el programa Xogade hasta el alto nivel. En cuanto a las infraestructuras deportivas, el Diario Oficial de Galicia publica hoy la declaración de interés autonómico del proyecto del Centro de Alto Rendimiento de Galicia, con la previsión de licitar a finales de 2026 los proyectos de las obras de las instalaciones. Este será el tercer centro de estas características en España y permitirá consolidar la comunidad como referente deportivo nacional e internacional, con una inversión de más de 30 millones de euros.
En el ámbito exterior, el conselleiro explicó que la Xunta seguirá defendiendo en la Unión Europea los intereses de los gallegos y amplificando todo lo posible la voz de Galicia en Europa. Así, se continuará fortaleciendo la conexión con el país vecino desde la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal, y el próximo mes de mayo se marcará un nuevo hito con la constitución de una nueva Agrupación Europea de Cooperación Territorial. Será la agrupación de la Raia Seca, que abarca casi 3.200 kilómetros de superficie, 18 municipios de ambas márgenes de la frontera y 72.000 habitantes. Se suma a las agrupaciones de la Eurociudad de Chaves-Verín y la de la Raia Húmida del río Miño, y supone la cobertura total de la frontera entre Galicia y el Norte de Portugal con organizaciones estables de cooperación que trabajarán para desarrollar proyectos conjuntos y optar a fondos europeos.
Por otro lado, con el objetivo de dotar a la ciudadanía del mejor transporte público, la Xunta habilitará en modo de prueba la nueva aplicación móvil MoBT. Las personas usuarias podrán utilizarla para pagar sus desplazamientos a través de la identificación de un código QR en dos concesiones de transporte autonómico, es decir, en todas las líneas que discurren por el este de la comarca de Santiago y el norte de la comarca del Deza, que conecta Santiago de Compostela con Touro y Arzúa, y en la Línea Conecta que une A Coruña y Lugo.
Con la nueva APP MoBT se aplicarán automáticamente los descuentos a los que tengan derecho los usuarios y, además, podrán planificar viajes, realizar reservas en servicios bajo demanda, consultar el histórico de viajes y gestionar el monedero virtual. Diego Calvo también señaló que el servicio QR Xente Nova, que permite llevar la Tarjeta Xente Nova destinada a menores de 21 años en el móvil, está en fase piloto en líneas de Ferrol, Ourense y el área metropolitana de A Coruña, y se extenderá este año a las 127 concesiones de autobús interurbano de la Xunta.
En materia de movilidad, el conselleiro de Presidencia avanzó que tras el inicio en enero de la primera Línea Conecta entre A Coruña y Lugo, se pondrá en funcionamiento la segunda línea de los servicios directos entre ciudades gallegas, con la previsión de que comience a operar antes de finales de este año.
En su comparecencia también reclamó para Galicia un transporte ferroviario acorde a lo que demanda la ciudadanía, pero lamentó la falta de avances del Ejecutivo estatal en infraestructuras estratégicas como el AVE Vigo-Porto o el Corredor Atlántico. Tampoco hay avances, agregó, en la llegada de la alta velocidad a Ferrol o Lugo, en la conexión con el puerto vigués de Bouzas, en la modernización del Tren Celta, en la variante de Cerdedo ni en la variante de Betanzos o en la exterior de Ourense. De igual modo, explicó que la Xunta lleva ocho meses esperando al interlocutor con Renfe comprometido por el Gobierno central para abordar la situación de estas obras o las incidencias en los servicios ferroviarios. Así, agregó que con los trenes Avril se incumplieron las frecuencias comprometidas y tampoco se han recuperado las frecuencias de los servicios de media distancia previos a la pandemia.
En su intervención, Diego Calvo destacó el compromiso del Gobierno gallego con las entidades locales, con una inversión récord de 627 millones de euros, de los cuales 168,1 millones de euros —10 millones más que el año pasado— corresponden al Fondo de Cooperación Local, con el que Galicia fue pionera en fijar la participación de las entidades locales en los presupuestos de la Xunta. De este modo, el Gobierno gallego compensa los desfases a nivel estatal, por lo que el conselleiro instó al Gobierno central a modificar el sistema de financiación local de manera paralela a la negociación del financiamiento autonómico. Cabe recordar que solo con las ayudas de la Dirección General de Administración Local se movilizaron el año pasado 32 millones de euros en 700 proyectos. Es decir, de los 313 municipios, el 97% pidieron ayudas y de los 303, 289 obtuvieron apoyos, lo que supone el 92%.
En el ámbito local, la Xunta trabaja en el anteproyecto de la Ley de Administración Local de Galicia, que avanza en su tramitación para poder remitirlo al Parlamento de Galicia este año. La futura norma se adaptará a la realidad actual, modernizando el marco jurídico de las entidades locales para potenciar su autonomía. Entre sus novedades se incluye la figura de las áreas funcionales de carácter temporal como fórmula de cooperación durante un máximo de cinco años, cuando se debería constituir como entidad local de carácter supramunicipal.
En el marco de la colaboración con las entidades locales y, pese a ser una competencia municipal, la Xunta colabora con el funcionamiento y equipamiento de los servicios de emergencias, tanto en los consorcios provinciales contraincendios y de los Grupos de Emergencias Supramunicipales (GES) —de los que el Gobierno gallego asume el 50% de su funcionamiento— como en las Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil (AVPC). Además, estos efectivos reciben la formación necesaria desde la Academia Gallega de Seguridad Pública (AGASP).
En el ámbito de las emergencias, el conselleiro de Presidencia destacó la relevancia de “apostar por la prevención para estar lo mejor preparados para afrontar cualquier incidencia activando los protocolos con los que minimizar las consecuencias de estas situaciones”. Así, la Administración autonómica continuará actualizando los planes de emergencias, evaluará con simulacros los vigentes y en los próximos meses se elaborarán nuevos como el Plan especial ante riesgo radiológico en Galicia (Perrgal) y otro ante los riesgos derivados de los fenómenos meteorológicos (Meteogal).
En materia de seguridad, reclamó al Ministerio del Interior la cobertura de las 157 plazas vacantes en la Unidad de Policía Nacional Adscrita de Galicia (UPA), que actualmente cuenta con 343 agentes frente a los 500 que le corresponden en la comunidad, y advirtió que este déficit redunda en detrimento del cumplimiento de las competencias asumidas. En la intervención, comparó esta situación con la de Cataluña, ya que mientras Galicia tiene este déficit, en Cataluña el Gobierno central le ha concedido un incremento de 4.000 agentes para que en 2030 disponga de un total de 26.800.
Por otra parte, en lo que respecta a la Administración de Justicia, ya se está trabajando en la implantación de la ley estatal de medidas en materia de eficiencia del servicio público de Justicia, que el conselleiro señaló como un “reto” debido al cambio que supone la creación de las oficinas de justicia en los municipios, y lamentó que estas modificaciones estructurales no vengan acompañadas desde el Ejecutivo estatal con recursos para su aplicación.
El conselleiro también recordó que este año el Ministerio de Justicia no comunicó la creación de nuevas unidades judiciales en la comunidad. De hecho, en la petición que se trasladó el pasado mayo en la Comisión Mixta de Justicia entre la Xunta y el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, se insistió en la necesidad de, entre otras unidades, poner en marcha un juzgado de Violencia sobre la Mujer en el partido judicial de Santiago de Compostela.
En este ámbito, la Xunta continuará promoviendo actuaciones transversales con otros departamentos con iniciativas innovadoras, como el plan de prevención y postvención de las conductas suicidas del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) en colaboración con el Servicio Gallego de Salud (Sergas). Se trata de un proyecto pionero con el objetivo de establecer perfiles epidemiológicos y ofrecer la posibilidad de realizar la autopsia psicológica a las familias de las personas fallecidas o identificar factores de riesgo, lo que permitirá a los servicios asistenciales fijar un plan estratégico de prevención de la salud mental.
En cuanto a la asistencia a las víctimas, se ofrecerá una atención integral, coordinada y especializada desde las Oficinas de asistencia a las víctimas del delito y la Xunta dará un paso más con la activación de una oficina virtual que ofrecerá asistencia urgente cuando se necesite el servicio y no sea posible desplazarse a las oficinas físicas.
Por último, seguirán reclamando al Gobierno central, “de manera paulatina y sosegada”, la transferencia de nuevas competencias para Galicia.
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