El Grupo Socialista en la Diputación de Pontevedra ha reclamado al presidente de la institución, Luís López, que actúe con la "mínima diligencia exigible" y gestione de inmediato el pago pendiente del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de la autopista AP-9 correspondiente a 2023, tal y como ya ha hecho su homólogo en A Coruña, Valentín González Formoso.

Ana Laura Iglesias, portavoz del PSdeG-PSOE, criticó duramente la inacción de la Diputación pontevedresa: "Llega tarde, mal y arrastrándose en todo lo que escapa del uso partidista de la institución. Parece que gestionar este cobro, que podría suponer un importante ingreso para los concellos, no está entre sus prioridades".

Los socialistas se han ofrecido a asesorar a López o, en su defecto, a ponerle en contacto con la Diputación de A Coruña, que ya celebró una reunión informativa con los alcaldes de su provincia el pasado 17 de marzo. "Han pasado tres semanas, y en Pontevedra todo sigue con la habitual calma burocrática", lamentó Iglesias.

Un cobro pendiente desde 2023

Según explicó Formoso, los concellos tienen derecho a reclamar el IBI de la AP-9 correspondiente al periodo comprendido entre el 19 de agosto (cuando expiró la bonificación franquista del 95% para autopistas de peaje) y el 31 de diciembre de 2023. En A Coruña, esta deuda asciende a 1,3 millones de euros, pero en Pontevedra se desconoce el monto exacto porque la Diputación "aún no ha hecho su trabajo", subrayó el PSOE.

Dado que muchos concellos han delegado el cobro de este impuesto en la Diputación, corresponde a esta última liderar el proceso, algo que, según los socialistas, "debería estar en marcha desde hace tiempo".

El fin de una exención histórica

El cambio fiscal deriva del Real Decreto 173/2000, que estableció el 19 de agosto de 2023 como fecha límite para la bonificación heredada del franquismo. Audasa (Autopistas del Atlántico) ya liquidó el IBI correspondiente a 2024, pero sigue sin abonar el tramo pendiente de 2023.

El PSdeG-PSOE insiste en que la Diputación de Pontevedra debe actuar con urgencia para garantizar que los municipios de la provincia recuperen los fondos que les corresponden. "No hay excusas para seguir retrasando lo que es una obligación", concluyó Iglesias.