El Gobierno gallego ha establecido este año los porcentajes mínimos de suelo que los municipios de más de 5.000 habitantes deben destinar a vivienda protegida. La normativa, publicada hoy en el Diario Oficial de Galicia (DOG), fija una media autonómica del 8,10% para aquellos concellos que calculen su reserva en función de la demanda real registrada.

Según la resolución del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), ocho municipios superan este porcentaje medio. Entre ellos destacan Mos (21,03%), Vigo (20,32%) y A Coruña (14,63%), que presentan las cifras más altas. Completan la lista Lugo (13,97%), Pontevedra (12,67%), Santiago de Compostela (11,03%), Sarria (9,83%) y Betanzos (8,48%).

La normativa parte de lo establecido en la Ley del Suelo de 2016, que marca un mínimo general del 30% de reserva para vivienda protegida en suelos urbanizables. Sin embargo, permite excepciones cuando los ayuntamientos justifiquen sus cálculos en base a la demanda real, registrada en el Rexistro de Demandantes de Vivenda.

Para determinar el porcentaje exacto en estos casos, se aplica una fórmula específica que tiene en cuenta el número de demandantes de vivienda y la población total del municipio. El resultado no puede ser inferior al doble del ratio de demandantes por cada 100 habitantes ni a la media autonómica del 8,10%.

Los concellos que opten por este sistema deberán revisar sus porcentajes cada año. Si la nueva resolución del IGVS varía en más de dos puntos porcentuales respecto al año anterior, tendrán que actualizar sus cifras. Por el contrario, los municipios que no apliquen este método basado en la demanda real deberán mantener la reserva mínima del 30%.

Esta medida busca garantizar un equilibrio entre el desarrollo urbanístico y el acceso a vivienda asequible, adaptando las exigencias a las necesidades reales de cada zona. Con ello, la Xunta pretende responder a las demandas sociales en un contexto de creciente presión sobre el mercado de la vivienda en las principales ciudades gallegas.