PROVINCIA
La Diputación amenaza con acudir a la vía judicial si Audasa no paga las reclamaciones del IBI
El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, ha anunciado que, en la última semana de abril, la institución provincial reclamará a Audasa, la empresa concesionaria de la AP-9, el pago de 700.000 euros correspondientes al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de los últimos cuatro meses de 2023. Esta cantidad será destinada a los 12 municipios de la provincia por los que transcurre la autopista, que han delegado en el ORAL (Organismo de Recaudación Provincial) la recaudación de este tributo.
López explicó que los municipios afectados, como Poio, Portas, O Porriño, Moaña, Barro, Caldas, Pontecesures, Meis, Vilaboa, Mos, Valga y Tui, ya han visto incrementados sus ingresos anuales en 1,9 millones de euros desde que la bonificación del 95% en el IBI a favor de la autopista expiró en agosto de 2023. “A través de la buena gestión del ORAL, los municipios han pasado de una recaudación de 100.000 euros a 2 millones anuales por el IBI de la AP-9”, destacó el presidente.
El principal objetivo de esta reclamación es que Audasa pague los 700.000 euros pendientes de 2023, que deberían haberse abonado en su momento. La Diputación establece un plazo de tres meses para el pago de esta cantidad antes de seguir adelante con las acciones legales correspondientes.
Además, López avanzó que se está estudiando una actualización de los baremos del IBI para reflejar el aumento del valor de la autopista y sus construcciones anexas desde la última ponencia catastral de 2007. De llevarse a cabo, esta actualización podría resultar en una mayor recaudación para los municipios afectados y, por ende, mayores beneficios para los vecinos.
El presidente provincial también recordó que esta reclamación se enmarca dentro de una serie de peticiones más amplias, como la solicitud de la gratificación de la autopista, la eliminación de los peajes en tramos específicos como el de Pontevedra a Curro, la congelación de las tarifas de peajes y el desbloqueo del debate en el Congreso sobre la transferencia de la titularidad de la AP-9 a Galicia.
“Ya está bien de hablar de lo que los usuarios pagan por utilizar la AP-9. Es momento de exigir beneficios para los vecinos que viven atravesados por esta vía de alta capacidad”, concluyó Luis López.
El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, ha anunciado que, en la última semana de abril, la institución provincial reclamará a Audasa, la empresa concesionaria de la AP-9, el pago de 700.000 euros correspondientes al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de los últimos cuatro meses de 2023. Esta cantidad será destinada a los 12 municipios de la provincia por los que transcurre la autopista, que han delegado en el ORAL (Organismo de Recaudación Provincial) la recaudación de este tributo.
López explicó que los municipios afectados, como Poio, Portas, O Porriño, Moaña, Barro, Caldas, Pontecesures, Meis, Vilaboa, Mos, Valga y Tui, ya han visto incrementados sus ingresos anuales en 1,9 millones de euros desde que la bonificación del 95% en el IBI a favor de la autopista expiró en agosto de 2023. “A través de la buena gestión del ORAL, los municipios han pasado de una recaudación de 100.000 euros a 2 millones anuales por el IBI de la AP-9”, destacó el presidente.
El principal objetivo de esta reclamación es que Audasa pague los 700.000 euros pendientes de 2023, que deberían haberse abonado en su momento. La Diputación establece un plazo de tres meses para el pago de esta cantidad antes de seguir adelante con las acciones legales correspondientes.
Además, López avanzó que se está estudiando una actualización de los baremos del IBI para reflejar el aumento del valor de la autopista y sus construcciones anexas desde la última ponencia catastral de 2007. De llevarse a cabo, esta actualización podría resultar en una mayor recaudación para los municipios afectados y, por ende, mayores beneficios para los vecinos.
El presidente provincial también recordó que esta reclamación se enmarca dentro de una serie de peticiones más amplias, como la solicitud de la gratificación de la autopista, la eliminación de los peajes en tramos específicos como el de Pontevedra a Curro, la congelación de las tarifas de peajes y el desbloqueo del debate en el Congreso sobre la transferencia de la titularidad de la AP-9 a Galicia.
“Ya está bien de hablar de lo que los usuarios pagan por utilizar la AP-9. Es momento de exigir beneficios para los vecinos que viven atravesados por esta vía de alta capacidad”, concluyó Luis López.
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