El Concello de Salceda de Caselas, un municipio de apenas 9.421 habitantes, atraviesa una fase de inestabilidad y cuestionamientos bajo un modelo de gobierno en minoría que, lejos de responder a las necesidades de la ciudadanía, evidencia graves carencias en transparencia, eficacia y capacidad de gestión. La actual corporación municipal, compuesta por 13 concejales, refleja un panorama político fragmentado tras las últimas elecciones: el Partido Popular (PP) obtuvo 6 ediles, Movemento Salceda (MS) 4, el Partido Socialista de Galicia (PSdeG-PSOE) 2 y el Bloque Nacionalista Galego (BNG) 1. Sin embargo, el ejecutivo municipal está formado únicamente por los cuatro concejales de Movemento Salceda, liderados por la alcaldesa María Dolores Castiñeira, que gobierna en solitario gracias al apoyo puntual del PSOE y del BNG en la investidura.

Una sobrecarga de competencias sin precedentes

Uno de los aspectos más llamativos del actual modelo de gobierno es la desproporcionada concentración de competencias: los cuatro concejales de MS gestionan entre ellos 27 concejalías, una cifra inusualmente elevada, incluso en comparación con grandes ciudades gallegas como Vigo, que, con casi 300.000 habitantes, distribuye 18 concejalías entre sus ediles. Esta sobrecarga de responsabilidades no solo pone en cuestión la capacidad real de los concejales para abordar eficazmente las distintas áreas municipales, sino que también ha derivado en una gestión lenta, con proyectos estancados.

La falta de personal político suficiente para asumir tantas áreas genera, según la oposición, una "parálisis institucional" que se traduce en retrasos en la ejecución de obras y una deficiente atención a los problemas vecinales. La gestión de asuntos clave, como la ampliación de la red de saneamiento, la mejora de infraestructuras deportivas o la respuesta a la contaminación acústica en la calle Pontevedra, sigue sin avances significativos, a pesar de ser demandas históricas de la población.

Transparencia: una asignatura pendiente

Aunque el Concello renovó recientemente su página web, la transparencia institucional sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes del gobierno local. En el portal municipal no figuran datos fundamentales para la fiscalización ciudadana y de la oposición: no se publican las retribuciones de los cargos electos ni de los máximos responsables de las entidades participadas por el ayuntamiento, tampoco el Registro de Intereses de Actividades y de Bienes, ni las resoluciones sobre compatibilidad de actividades privadas de los cargos públicos, ni las declaraciones de la renta de la alcaldesa y los concejales, ni información sobre las nóminas de los cargos de libre designación o personal eventual.

Esta ausencia de información incumple las recomendaciones de la Ley de Bases de Régimen Local y las normas de transparencia vigentes, dificultando el control democrático y alimentando la desconfianza de la ciudadanía. De hecho, la falta de acceso a estos datos impide conocer si existen posibles conflictos de intereses, incompatibilidades o irregularidades en la percepción de salarios públicos.

Un gobierno en minoría y sin consensos

El modelo de gobierno en minoría obliga a Movemento Salceda a negociar cada iniciativa con el resto de grupos, lo que ha derivado en una gestión marcada por la provisionalidad y la falta de consensos estables. Los presupuestos municipales llevan prorrogados desde 2022, lo que limita la capacidad de inversión y dificulta la puesta en marcha de nuevos proyectos. La alcaldesa Loli Castiñeira ha reconocido públicamente la necesidad de alcanzar acuerdos más sólidos con el PSOE, pero las diferencias políticas y personales, agravadas tras la extraña dimisión de la que fuera exconcejala socialista Verónica Tourón, han dificultado la consolidación de una mayoría estable.

La oposición, liderada por el PP, denuncia una gestión "errática" y "autocomplaciente" que ha llevado a la pérdida de plazas de aparcamiento, la ausencia de ayudas a la conciliación y el estancamiento en la ejecución de obras prioritarias. El BNG, por su parte, reclama una revisión del pacto de investidura para impulsar los acuerdos comprometidos y mejorar la atención a las demandas vecinales. Incluso dentro del PSOE, socio necesario para la investidura, se percibe malestar por la falta de avances y la escasa voluntad de diálogo del ejecutivo.

Restricciones económicas y retos sociales

El Concello de Salceda de Caselas está sujeto a un plan de ajuste económico que limita su capacidad de gasto y obliga a priorizar inversiones. Esta situación, unida a la falta de presupuestos actualizados, ha generado una sensación de parálisis en la gestión municipal. A nivel social, el municipio registraba en marzo de 2025 un total de 412 personas en situación de desempleo, una cifra que, aunque se enmarca en la tendencia general de descenso del paro en Galicia, sigue siendo preocupante en un municipio con menos de 10.000 habitantes.

La ciudadanía percibe que el actual modelo de gobierno en Salceda de Caselas evidencia importantes carencias estructurales que afectan tanto a la transparencia como a la eficacia y la capacidad de respuesta a las demandas de los vecinos. La concentración de poder en un ejecutivo tan reducido, la ausencia de información pública esencial y la falta de consensos sólidos lastran la gestión municipal y generan un clima de desconfianza y desafección, tanto entre la oposición como en buena parte de la sociedad local. La gobernabilidad, la transparencia y la participación ciudadana siguen siendo los grandes retos pendientes para el futuro inmediato del municipio, que necesita con urgencia un cambio de rumbo para recuperar la confianza y responder a las necesidades reales de sus vecinos.