El Pleno municipal ha aprobado por unanimidad, a instancias del Bloque Nacionalista Galego (BNG), reabrir el expediente disciplinario contra un agente de la Policía Local del O Porriño por una actuación considerada "fuera del marco legal". El acuerdo incluye también que el alcalde, Alejandro Lorenzo, pida disculpas públicas en nombre del Concello al vecino afectado, Mohamed Salen Hkatari Moulod, de origen saharaui, quien en 2021 fue detenido de manera irregular por el agente Antonio Pereira Nandín cuando este actuaba de paisano sin autorización.

El caso se remonta a un incidente en el que el policía, fuera de servicio y sin uniforme, exigió la identificación a Mohamed sin justificación aparente, lo redujo físicamente y lo esposó con ayuda de otro agente. El afectado denunció los hechos por detención improcedente y abuso de autoridad, mientras que el agente presentó una contrapartida acusándolo de resistencia a la autoridad, cargo del que fue absuelto por la Audiencia Provincial de Pontevedra. El tribunal desestimó el recurso del policía y respaldó la versión del vecino, confirmando que la actuación fue arbitraria y desproporcionada.

Aunque el Concello abrió en su momento un expediente disciplinario, este quedó paralizado pendiente de la resolución judicial. Ahora, con el fallo firme, el BNG ha logrado que se retome el proceso para sancionar al funcionario. Pedro Pereira, portavoz del BNG, subrayó que "la gravedad de los hechos, independientemente de su posible componente racista, no puede tolerarse en un sistema democrático", y exigió "consecuencias profesionales" para el agente.

El partido nacionalista criticó además la actitud del gobierno municipal, que pretendía dejar el asunto "sobre la mesa" sin tomar medidas, y denunció la opacidad del alcalde, quien no facilitó a la oposición la documentación judicial solicitada. "Un servidor público debe responder por acciones inapropiadas, igual que un cargo político por su negligencia", afirmó Pereira, quien cuestionó la credibilidad de las declaraciones de otros agentes que avalaron la versión del imputado.

El caso reabre el debate sobre el uso excesivo de la fuerza y los protocolos de actuación en los cuerpos policiales, poniendo el foco en la necesidad de transparencia y control democrático en las instituciones. La decisión del Pleno marca un precedente en la rendición de cuentas de los funcionarios públicos en el municipio.