Provincia de Pontevedra
La Audiencia de Pontevedra condena al alcalde de Agolada a 3 años y medio de cárcel por cerrar ilegalmente una depuradora industrial
La Audiencia Provincial de Pontevedra ha impuesto una condena de 3 años y medio de prisión y 13 años y medio de inhabilitación para cargos públicos al alcalde de Agolada, José Manuel Rodríguez, por falsificar un documento oficial y cometer prevaricación administrativa al ordenar el cierre ilegal de una depuradora perteneciente a una empresa láctea en 2020.
Según la sentencia, el regidor falsificó un informe en el que afirmaba que una inexistente Comisión de Gobierno había aprobado el precinto de las instalaciones el 20 de enero de 2020, cuando en realidad dicho órgano no se constituyó hasta el 17 de febrero de ese mismo año. Los magistrados determinaron que el edil actuó con "plena conciencia de su ilegalidad", prescindiendo de los trámites legales y notificando la medida a la empresa mediante un correo electrónico sin validez jurídica, saltándose la intervención obligatoria del secretario municipal.
El tribunal destacó que el alcalde persistió en su actuación arbitraria pese a ser advertido por el secretario-interventor de que la competencia para paralizar obras correspondía a la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU). Como consecuencia de esta decisión irregular, la empresa afectada sufrió pérdidas económicas valoradas en 24.798 euros, cantidad que el condenado deberá indemnizar.
La sentencia, que aún puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), consideró atenuante las dilaciones indebidas del proceso pero subrayó la gravedad de unos hechos que vulneraron los principios de legalidad y seguridad jurídica. Esta condena supone un nuevo varapalo para la credibilidad institucional en el municipio pontevedrés, donde el caso ha generado un amplio rechazo entre el sector empresarial.
El fallo judicial sienta un precedente sobre los límites del poder municipal y refuerza la necesidad de que las administraciones actúen con transparencia y respeto al procedimiento legal, especialmente en decisiones que afectan a la actividad económica privada.
La Audiencia Provincial de Pontevedra ha impuesto una condena de 3 años y medio de prisión y 13 años y medio de inhabilitación para cargos públicos al alcalde de Agolada, José Manuel Rodríguez, por falsificar un documento oficial y cometer prevaricación administrativa al ordenar el cierre ilegal de una depuradora perteneciente a una empresa láctea en 2020.
Según la sentencia, el regidor falsificó un informe en el que afirmaba que una inexistente Comisión de Gobierno había aprobado el precinto de las instalaciones el 20 de enero de 2020, cuando en realidad dicho órgano no se constituyó hasta el 17 de febrero de ese mismo año. Los magistrados determinaron que el edil actuó con "plena conciencia de su ilegalidad", prescindiendo de los trámites legales y notificando la medida a la empresa mediante un correo electrónico sin validez jurídica, saltándose la intervención obligatoria del secretario municipal.
El tribunal destacó que el alcalde persistió en su actuación arbitraria pese a ser advertido por el secretario-interventor de que la competencia para paralizar obras correspondía a la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU). Como consecuencia de esta decisión irregular, la empresa afectada sufrió pérdidas económicas valoradas en 24.798 euros, cantidad que el condenado deberá indemnizar.
La sentencia, que aún puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), consideró atenuante las dilaciones indebidas del proceso pero subrayó la gravedad de unos hechos que vulneraron los principios de legalidad y seguridad jurídica. Esta condena supone un nuevo varapalo para la credibilidad institucional en el municipio pontevedrés, donde el caso ha generado un amplio rechazo entre el sector empresarial.
El fallo judicial sienta un precedente sobre los límites del poder municipal y refuerza la necesidad de que las administraciones actúen con transparencia y respeto al procedimiento legal, especialmente en decisiones que afectan a la actividad económica privada.
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