La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, ha denunciado esta semana que el Gobierno central “vuelve a establecer comunidades de primera y de segunda” tras comprometerse a financiar el 50% del gasto en dependencia en el País Vasco, mientras reduce su aportación en Galicia.

Según explicó García, la Xunta ha tenido acceso al acta de una reunión bilateral entre el Ejecutivo central y el Gobierno vasco en la que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asume ese compromiso con Euskadi. Un acuerdo que, a juicio de la conselleira, “evidencia un trato desigual” y vulnera el principio de financiación equitativa recogido en la Ley de Dependencia, que estipula que el gasto debe ser asumido al 50% por el Estado y por las comunidades autónomas.

En el caso de Galicia, la aportación estatal ha descendido, pasando del 40% en 2023 al 34,9% en 2024. Esta caída en la financiación supone, según los cálculos del Gobierno gallego, una deuda acumulada de 2.500 millones de euros con la ciudadanía gallega.

Fabiola García advirtió de que el reparto del presupuesto estatal “responde a criterios políticos y no técnicos”, favoreciendo a las comunidades donde gobiernan los socios parlamentarios del Ejecutivo central. “Esta discriminación convierte a los dependientes vascos en ciudadanos de primera y deja a los gallegos en segunda categoría”, señaló. “Desde la Xunta no vamos a permitir esta situación de infrafinanciación de unos servicios esenciales”, concluyó.