El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Vigo que anuló en julio de 2024 la expulsión de una ciudadana colombiana del territorio nacional, decisión que había sido tomada por la Subdelegación del Gobierno en Valladolid en octubre de 2023. La Sala desestimó el recurso de la Administración, que pretendía sustituir la medida de expulsión por una sanción económica.

En su fallo, el TSXG subrayó que, aunque se acreditó la situación irregular de la demandante en España, "no concurrían circunstancias agravantes que justificasen la expulsión". Los magistrados destacaron que "no es factible sustituir a la Administración" para cambiar una sanción de expulsión por una multa, ya que corresponde a esta última "seleccionar y justificar los hechos merecedores de una u otra sanción".

La sentencia recuerda que los tribunales contencioso-administrativos no pueden imponer sanciones, sino solo revisar las ya existentes, en línea con lo establecido por el Tribunal Constitucional en 2012. El TSXG respaldó así los argumentos del juzgado vigués, que consideró ilegal la expulsión al no existir elementos que agravaran la mera estancia irregular. La decisión no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.