La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, trasladó la preocupación de la formación por los últimos movimientos en el Hospital Povisa, adoptados por sus actuales propietarios, el gigante francés de la sanidad privada Vivalvo Santé, y exigió al gobierno de Alfonso Rueda transparencia sobre el último contrato millonario que la Xunta mantiene con este hospital privado. Un acuerdo que el Partido Popular está ocultando al Parlamento a pesar de las reiteradas peticiones del Bloque y a pesar de que Povisa es el centro de referencia para 120.000 personas en el área sanitaria de Vigo.

“Queremos mostrar nuestra preocupación ante las nuevas informaciones que rodean a Povisa y denunciar que estas son las consecuencias de la privatización de la sanidad pública”, subrayó Pontón desde Tui, donde participa en una reunión interparlamentaria del BNG para abordar la situación del espacio transfronterizo del río Miño. “No puede ser que una parte muy importante de la salud de los gallegos y gallegas esté condicionada por los intereses económicos de fondos de inversión que solo buscan maximizar sus beneficios”, añadió.

Pontón responsabiliza de esta situación al gobierno del PP, que sigue destinando millones de euros a la sanidad privada incluso después de la puesta en marcha del hospital Álvaro Cunqueiro, cuya construcción privatizada, decidida por el Partido Popular, supuso un sobrecoste de 470 millones de euros, siendo además un hospital más pequeño y con menos servicios de los proyectados, y por lo tanto insuficiente para atender a toda la población del área sanitaria de Vigo.

“Y ahí están las consecuencias”, denunció Pontón: “una atención sanitaria condicionada por decisiones de fondos extranjeros cuyo único interés es ganar cada vez más a costa de la salud de los gallegos y gallegas. Por eso es aún más urgente la transparencia sobre ese convenio que la Xunta tiene con Povisa”, recalcó.

La portavoz nacional del Bloque exige, además de la remisión al Parlamento del último convenio, que se trabaje para contar con una alternativa que permita que la salud de las 120.000 personas que ahora dependen del negocio privado pase a gestionarse directamente desde la sanidad pública.

“Ese debe ser el horizonte con el que trabajemos porque, insisto, no es aceptable que la atención sanitaria de cientos de miles de personas esté condicionada por intereses económicos de fondos de inversión que solo buscan maximizar sus beneficios y no ofrecer la mejor atención posible a la población. Por lo tanto, volvemos a exigir transparencia en ese concierto con Povisa y una alternativa que permita integrar en la sanidad pública a todas las personas usuarias del área sanitaria de Vigo”, concluyó.

En menos de siete años, Povisa ha experimentado cambios en su propiedad derivados de los movimientos empresariales del sector de la sanidad privada. En 2019 dejó de estar controlada por capital gallego y pasó a manos de la valenciana Ribera Salud, que en 2022 vendió a su vez el hospital al grupo francés Vivalvo Santé, en el marco de las operaciones de compraventa y expansión europea.