GALICIA
Galicia recurre al Consello Consultivo para analizar la legalidad del decreto sobre menores migrantes
El Consello da Xunta ha autorizado la solicitud de un dictamen al Consello Consultivo de Galicia con el objetivo de valorar la posible interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 2/2025, aprobado por el Gobierno central, que regula el reparto obligatorio de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas.
El Ejecutivo autonómico sostiene que la norma podría invadir competencias propias en materia de asistencia social y protección de menores, al permitir que el Estado decida de forma unilateral sobre un ámbito gestionado directamente por las comunidades. Asimismo, considera que el recurso al Real Decreto-ley no está justificado por razones de urgencia ni necesidad, como exige el artículo 86 de la Constitución.
Otro de los motivos de preocupación es la falta de garantías financieras. Según el Gobierno gallego, el mecanismo previsto para compensar los costes del acogimiento es ambiguo y podría dejar a Galicia fuera del sistema de financiación, obligándola a asumir con fondos propios un servicio que le es impuesto por el Estado.
El Consello da Xunta ha autorizado la solicitud de un dictamen al Consello Consultivo de Galicia con el objetivo de valorar la posible interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 2/2025, aprobado por el Gobierno central, que regula el reparto obligatorio de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas.
El Ejecutivo autonómico sostiene que la norma podría invadir competencias propias en materia de asistencia social y protección de menores, al permitir que el Estado decida de forma unilateral sobre un ámbito gestionado directamente por las comunidades. Asimismo, considera que el recurso al Real Decreto-ley no está justificado por razones de urgencia ni necesidad, como exige el artículo 86 de la Constitución.
Otro de los motivos de preocupación es la falta de garantías financieras. Según el Gobierno gallego, el mecanismo previsto para compensar los costes del acogimiento es ambiguo y podría dejar a Galicia fuera del sistema de financiación, obligándola a asumir con fondos propios un servicio que le es impuesto por el Estado.
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