La Dirección Xeral de Urbanismo de la Xunta de Galicia ha celebrado  una reunión con el Decanato del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de Galicia para consensuar criterios sobre la aplicación de la normativa urbanística vigente, especialmente en lo relativo a la edificación en suelo rústico.

El objetivo de este encuentro es proporcionar mayor seguridad jurídica tanto a los ayuntamientos como a particulares, resolviendo dudas frecuentes en relación con las autorizaciones urbanísticas otorgadas bajo la anterior legislación, la ya derogada Ley 9/2002 de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia. Dicha normativa exigía inscribir en el Registro de la Propiedad la vinculación de toda la superficie de la finca al uso autorizado, lo que impedía la implantación de otros usos en la misma parcela.

La actual Ley 2/2016 del suelo de Galicia ha modificado este criterio, limitando la vinculación registral únicamente a la superficie mínima exigida para implantar un uso determinado —generalmente 2.000 m²— y no a la totalidad de la parcela. Esta modificación permite que en una misma finca puedan coexistir otros usos admisibles en suelo rústico, favoreciendo su aprovechamiento económico sin comprometer la protección de sus valores naturales.

Para facilitar la aplicación de esta nueva interpretación legal, la Xunta y el Colegio de Registradores elaborarán una circular interpretativa que será trasladada a los ayuntamientos, técnicos y operadores jurídicos del ámbito urbanístico. Para modificar las vinculaciones registrales anteriores, bastará con que el titular de la finca presente una instancia junto con una certificación administrativa que recoja literalmente el nuevo acuerdo, emitida por la administración autonómica o municipal competente.

La directora xeral de Urbanismo, Encarnación Rivas, ha subrayado que esta medida busca armonizar la normativa urbanística con la registral, resolviendo una cuestión técnica que ha generado inseguridad durante años. Rivas agradeció la “valiosa y ágil colaboración” del Colegio de Registradores, que permite avanzar hacia una mayor claridad normativa y seguridad jurídica en la implantación de usos en suelo rústico.