El anuncio de que Vigo mantendrá sus ocho juzgados de instrucción y sumará uno especializado en violencia de género ha generado un debate político en la ciudad. Mientras el alcalde confirmó su confianza en que se preservará la estructura judicial actual, el Partido Popular ha presentado una declaración institucional para exigir que la creación del nuevo juzgado no suponga la eliminación de ninguna sala existente.

La postura del gobierno local

El alcalde de Vigo aseguró, tras reunirse con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que la ciudad conservará sus ocho juzgados de instrucción y añadirá uno más centrado en violencia machista. El acuerdo se enmarca en el Real Decreto que creará 50 nuevos juzgados y 42 fiscalías especializadas en este ámbito en toda España.

"El ministro y yo trabajaremos para que Vigo mantenga sus juzgados de instrucción porque tenemos volumen de casos suficiente, muchos de especial complejidad", declaró.

La reacción del PP: "Que no se pierda ningún juzgado"

Sin embargo, el Partido Popular de Vigo registró el pasado viernes una declaración institucional para que el pleno municipal exija al Gobierno central que la creación del segundo juzgado de violencia de género no implique la supresión de la octava sala de instrucción.

Luisa Sánchez, presidenta local del PP, defendió que, aunque la llegada del nuevo juzgado es "una buena noticia", eliminarlo para crearlo sería "un despropósito inasumible". Según su argumentación, la medida sobrecargaría los juzgados restantes, ya "al límite de su capacidad", y generaría retrasos en la tramitación de causas penales.

Críticas a la actitud del gobierno municipal

Sánchez acusó al alcalde de no actuar con la misma firmeza que emplea contra la Xunta de Galicia y cuestionó: "¿Qué hubiera hecho Caballero si en Madrid gobernase el PP? ¿No habría convocado un pleno extraordinario?".

El PP exige que el Ayuntamiento reclame al Gobierno central que "reconsidere" lo que considera un "agravio" para Vigo. La declaración institucional se someterá a votación en un pleno extraordinario convocado para el próximo 12 de junio.

En busca de un equilibrio

El debate refleja la tensión entre modernizar la justicia con órganos especializados y garantizar que no se reduzca la capacidad de los juzgados ordinarios. Mientras el Gobierno defiende su plan de ampliación, el PP insiste en que Vigo necesita mantener todas sus salas actuales y sumar las nuevas.

La decisión final dependerá de las negociaciones entre el Ministerio de Justicia y las instituciones locales, en un contexto donde la carga de trabajo judicial y los plazos de tramitación están en el centro de la discusión.